Laboratorio de Gobierno acelera el paso para cumplir metas de Ley de Transformación Digital en 2021
Apunta a crear modelos de atención resolutivos, automatizar trámites e instalar nuevos canales de atención.
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A partir del 1 de enero el Laboratorio de Gobierno pasó a ser parte del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para darle un nuevo impulso a la estrategia de digitalización en el sector público.
En ese sentido, el desafío para 2021 está en apoyar a distintos servicios públicos en lograr las metas de la Ley de Transformación Digital -que exige tener un 80% de los trámites digitalizados a fin de año- para lograr modelos de atención resolutivos, automatizar trámites, instalar nuevos canales de atención y eliminar burocracia tanto presencial como digital.
“Hay un desafío no menor, que tiene que ver con instalar nuevas capacidades en las instituciones, tanto a nivel de funcionarios como en los procesos y procedimientos, e incluso en las gobernanzas”, dice Roman Yosif, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno.
Para eso, trabajan en revisar y cambiar la estrategia, procesos, servicios y puntos de contacto de las organizaciones, además de capturar más información.
También consideran capacitación y entrenamiento para nuevos roles del funcionario público, además de cerrar brechas en la utilización de robots para la atención a público e incorporar la lógica de APIs -especies de “enchufes tecnológicos”- para que las instituciones se comuniquen bidireccionalmente y sean capaces de interoperar.
Yosif comenta que “el coronavirus ha sido el mejor aliado para acelerar la transformación del Estado”. En 2020 aprovecharon el impulso para desarrollar proyectos de digitalización, como un reporte de rendición de cuentas activas del gasto fiscal de parte del Estado a los contribuyentes, que se hizo junto al Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto (Dipres) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Línea que esperan seguir este año, para lo que cuentan con un presupuesto de continuidad cercano a US $2 millones.“Fue todo un desafío defenderlo en un contexto de austeridad fiscal y recortes presupuestarios en múltiples servicios públicos producto de la pandemia..., pero como la estrategia de innovación pública es una prioridad, el presupuesto se mantuvo”, dice.
Proyectos y capital humano
El grueso de los recursos estará destinado al capital humano que necesitarán para llevar a cabo los proyectos e implementaciones de este año, como es el caso de un nuevo sistema de atención y modernización del Fono Drogas y otros canales digitales del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).
También planean escalar un canal a distancia de la Subsecretaría de Educación Parvularia para padres que ha tenido que estar a cargo de la educación de menores de tres años; y algunas implementaciones de digitalización y autoatención en Fonasa y en la Tesorería General de la República que quedaron pendientes en 2020.
Yosif adelanta que vienen seis convocatorias conjuntas con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y Corfo, en el marco del Programa Desafíos Públicos, “donde le estamos señalando a los emprendedores y a la academia ciertos retos de interés público para traer las mejores soluciones que posteriormente puedan ser escaladas”.
Añade que el desafío hacia adelante es instalar prácticas y capacidades permanentes, y “una gobernanza que nos permita que la transformación digital y modernización del Estado sea un proceso en constante evolución”, sostiene.