Una declaración firmada por siete entidades, lideradas por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), cuestiona que en una Comisión Mixta del Congreso se aprobara modificar el Código Procesal Penal para permitir al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier ciudadano a los proveedores de servicios sin orden judicial.
La modificación es parte de la actualización de la Ley de delitos Informáticos de Chile, que data de 1993, y que busca poner al día algunas materias para perseguir este tipo de delitos y ajustarse a los requirimientos del Convenio obre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest.
El documento, al que suscriben también la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, y organizaciones como la Sociedad Chilena de Derecho a la Información (Sochisi), Datos Protegidos, Derechos Digitales de América Latina e Internet Society Chile Chapter, señala que esperan "que el Congreso rechace cualquier norma que pretenda dotar al Estado de mayores herramientas de vigilancia sin contemplar los mecanismos necesarios para controlar su uso".
La declaración advierte que se plantea solicitar datos "sin orden judicial previa, mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que permitan controlar el uso de una herramienta de vigilancia que, además, puede ser utilizada para la investigación de cualquier delito, incluidos delitos menores o de bagatela".
Añade que la norma aprobada, impone un "deber secreto" que hará imposible conocer con certeza el despliegue de intrusiones estatales que podrían afectar no solo el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino también la labor de periodistas y sus fuentes, medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales.
"Vemos con preocupación la ambigüedad del texto legal al establecer como único requisito la existencia de una ´investigación en curso´, sin siquiera exigir una especificidad individual, abriendo un amplio margen para solicitudes genéricas e indefinidas", consigna el documento.
También afirma que el texto legal "carece de garantías de respeto y protección de derechos fundamentales" que el sistema jurídico exige para permitir el acceso a los datos personales de los ciudadanos y señala que "esta normalización de la vigilancia estatal vulnera el derecho de todo ciudadano a no ser objeto de intrusiones gubernamentales injustificadas, uno de los pilares básicos de toda democracia, pues sin él resulta imposible el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de informar y ser informado, entre otros".
La respuesta del Fiscal Abott
Con anterioridad, en entrevista con DFMas, Microsoft Chile ya había dado la luz de alerta sobre el tema.
En esa ocasión, el Fiscal Nacional, Jorge Abott, respondió a las declaraciones de la multinacional tecnológica a través de una carta a la directora de DF donde afirma que "la alarma desinforma y refleja total desconocimiento sobre la información que requiere preliminarmente la Fiscalía para una persecución oportuna y efectiva".
El Fiscal Nacional argumenta que las modificaciones adecuan la legislación nacional a los compromisos asumidos por Chile en 2017, al incorporarse como primer país sudamericano al Convenio de Budapest, sobre Cibercriminalidad.
Así, la reforma reproducirá en la normativa nacional el concepto de dicho convenio sobre "datos de suscriptor". Por otro lado, con la legislación vigente en Chile ya se obtienen los datos del suscriptor sin autorización judicial previa, dada su baja entidad, sensibilidad y su carácter de "primera hebra" en cualquier proceso investigativo".
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