A inicios de 2000, la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a investigar el cibercrimen, con la creación de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana y de dos unidades en Valparaíso y Concepción, para dar respuesta a un fenómeno incipiente en el país. Y 22 años después, para aglutinar estas capacidades y ante el alza de estos delitos, se creó la Jefatura Nacional del Cibercrimen y el Departamento Forense Digital.
El jefe nacional de Cibercrimen, prefecto Maximiliano Macnamara, comentó que los 120 investigadores de las tres brigadas especializadas que lidera, están enfocados en “delitos de alta complejidad”, que ya ocurrieron y que investigan por instrucción del Ministerio Público. Pero también tienen un rol de educación y concientización para lograr una “higiene digital de personas naturales y empresas”.
En este contexto, el prefecto dijo que los delitos informáticos -como acceso ilícito a cuentas bancarias, falsificación informática o fraude informático-; y otros tradicionales potenciados por el uso de la tecnología -como amenazas contra personas y propiedades- tuvieron un aumento sostenido y consecutivo desde el inicio de la pandemia del Covid-19, pasando de 50.851 en 2020, a 62.086 en 2021 y 67.858 en 2022.
Un alza, explicó, que está relacionada con el número de ciudadanos que utiliza dispositivos electrónicos. “Cada vez dependemos más de un celular o computador; no es extraño entonces la falta de higiene digital o de conciencia y existen más posibilidades de ser víctima de algún delito”, afirmó.
En el detalle, solo los delitos informáticos -establecidos en ocho tipo penales- totalizaron 2.343 en 2022, versus los 1.831 de 2020. No obstante, el prefecto dijo que este incremento también se refleja en que el uso de las tecnologías está potenciando los delitos tradicionales.
“En el 95% de los delitos de alta complejidad o comunes hay vinculación o intervención de algún dispositivo electrónico. El más común es el acceso ilícito, es decir, la entrega de credenciales y acceso a cuentas bancarias con ingeniería social, que representó el 57% del total de delitos informáticos en 2022”, afirmó el prefecto Macnamara.
También señaló que la evolución del ciberdelito y los cambios y usos de tecnología están “estrechamente ligados”. “Cada vez nos encontramos con distintos modus operandi y estrategias que usan criminales para vulnerar los sistemas informáticos, acceder a cuentas bancarias y suplantación de personas o fraude”, dijo.
Comentó que antes lo más común era el phishing, para suplantar identidad, pero hoy hay nuevos desafíos, “el cibercrimen se ha ido sofisticando y nos vemos enfrentados a una ola de ataques de ransomware, ataques informáticos para capturar datos, secuestrar los servidores e información”.
El problema es que la sofisticación, dijo, hace que los ataques sean muy difíciles de decodificar y solucionar. Por ejemplo, si los primeros ataques involucraban giros y envíos de dinero, hoy se cobra en criptomonedas, factor que dificulta la trazabilidad.
Uso de tecnología
Para abordar el alza y sofisticación de los ciberdelitos, la Jefatura Nacional del Cibercrimen está desplegando una estrategia basada en cuatro pilares: infraestructura para diferenciar labores; capacitación a través de cursos, seminarios o magíster; búsqueda de talento calificado para dotar a las áreas, y uso de tecnologías.
Respecto del eje tecnología, el prefecto Macnamara señaló que utilizan principalmente software, para optimizar el tiempo que destinan a las investigaciones, entre ellos, programas informáticos para analizar dispositivos electrónicos y para detectar la trazabilidad de pagos con criptomonedas. “Por ejemplo, la trazabilidad de criptomonedas puede demorar semanas, pero con ciertas herramientas puede tomar minutos”, dijo.
Añadió que constantemente envían a personal al extranjero para ver y evaluar el potencial uso de tecnologías emergentes para replicarlas en Chile.
Adelantó también que están explorando una alianza con la academia para desarrollar una inteligencia artificial para la aplicación en investigaciones.
Cooperación
Desde 2022 Chile cuenta con una Política Nacional contra el Crimen Organizado que incorpora un eje de ciberdelincuencia. Una inclusión “positiva y necesaria” para el prefecto, porque el ciberdelito está siendo utilizado cada vez más para facilitar o potenciar el narcotráfico, la trata de personas o el lavado de dinero, e incluso afirmó que “las ganancias asociadas al cibercrimen ya estarían alcanzando a las del narcotráfico a nivel mundial”.
En este escenario, es crucial la cooperación internacional. La PDI representa desde 1944 al país ante la Interpol, lo que considera el intercambio de información clave, capacitaciones y “una coordinación permanente en temas de tendencias criminales”.
También integra otras redes internacionales, junto a las policías de Norteamérica y Europa, que van “en la misma línea”, comentó el prefecto.
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