Todo un récord en materia de fiscalización del contrabando de cigarrillos logró el Servicio Nacional de Aduanas el año pasado. Acorde al balance de la autoridad, entre enero y diciembre de 2018 se lograron incautar más de 14 millones de cajetillas comercializadas de manera ilegal en el mercado negro, un peak en la historia del organismo y un incremento de 36,6% respecto al 2017. Esto implica casi 20 millones de unidades adicionales requisadas en comparación con el ejercicio previo.
Dichas acciones permitieron a la autoridad evitar una mayor evasión fiscal por US$ 64,6 millones el año pasado, un avance de 44,2% en relación al 2017. El tabaco comercializado de forma ilegal implica un menor pago -en algunos casos, nulo- del impuesto específico, lo que lesiona las arcas fiscales.
El subdirector de Fiscalización de Aduanas, Javier Uribe, asegura que hasta hace cuatro años atrás, la incautación anual de este producto no superaba los 6 millones de cajetillas.
“Producto del trabajo de nuestro servicio, unido a capacitaciones, especialización, mejor gestión del riesgo y las alianzas de trabajo y estratégicas que hemos generado los últimos dos años con las policías, el Ministerio Público y también con el sector privado, han dado su fruto y por eso es que tenemos cifras tan importantes y superiores a los años anteriores”, enfatiza.
El ejecutivo explica que el resultado también es fruto de análisis del riesgo que realiza el organismo, además de la “integración interinstitucional, el intercambio de información y esta nueva forma de trabajo colaborativa” con otras autoridades.
Despachos y envíos postales
Otra de las áreas prioritarias para la fiscalización del servicio son los despachos de mercancías que pasan por los distintos puntos de ingreso al país.
El año pasado, se redujeron las suspensiones de despacho de parte del organismo, pasando de 791 a 675 (una merma de 14,6%), al igual que la cantidad de productos que no llegaron a destino por violar la normativa aduanera, al ceder 15,4% a 7,3 millones de unidades.
Sin embargo, el valor de las mercancías rechazadas por el organismo aumentó sustancialmente el ejercicio pasado, al superar los US$ 104 millones en el período, un incremento de 8,9% en 12 meses.
Uribe explica que el organismo ha ampliado su fiscalización a diversas áreas para controlar la evasión y el tráfico ilícito de algunas mercancías, pero diferenciando según niveles de riesgo.
“Se ha incorporado inteligencia artificial, estructurando, integrando y sistematizando la información de todos nuestros procesos de fiscalización, para así ir generando acciones dinámicas y anticipadas”, recalca.
Otro de los focos del organismo en 2018 fueron los envíos postales, en medio del auge del e-commerce. El año pasado, el organismo separó para fiscalización física más de 100 mil ingresos de productos a través de Correos de Chile, un incremento de 40% respecto al 2017.
¿El resultado? Los impuestos cancelados por dichos envíos, acorde a la normativa aduanera, avanzaron 13,4%, totalizando US$ 24,6 millones.
“Somos la primera barrera de entrada y salida del intercambio comercial internacional. Seguiremos en la senda de profundizar la gestión del riesgo, que es el núcleo de una efectiva y eficiente fiscalización, persistiendo en la necesidad de ir consolidando cada vez más las alianzas estratégicas con organismos públicos no solo en el ámbito nacional sino también internacionalmente”, enfatiza el subdirector.
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