La demanda laboral interpuesta en noviembre del año pasado en contra de la empresa Caval por Sergio Bustos acusando despido injustificado y no pago de sueldos, es el primer flanco judicial que se le abrió a la sociedad perteneciente en un 50% a la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Campagnon. Ello, luego que ayer en el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago no se llegara a acuerdo entre las partes en la audiencia de conciliación.
Sin embargo, una de las pruebas con la cual Bustos demostraría su relación contractual con la firma entre mayo de 2013 y octubre de 2014, quedó fuera del juicio que se llevará a cabo el próximo 6 de abril. Se trataría de un correo electrónico, donde además se menciona a un funcionario de gobierno que habría intercedido para la obtención de un crédito por $6.500 millones por parte del Banco de Chile, para la compra de un terreno en Machalí.
Según el abogado de Bustos, Rodrigo Lillo, este correo "revisado y testeado al interior de nuestro estudio nos parece que no es un correo que sea fidedigno. El correo al que hizo referencia don Sergio es un correo que un personero de Caval le copió", señaló. Pero el mismo Bustos confirmó, tras la audiencia, que entregó dicho correo a la Fiscalía de la VI Región donde se inició una investigación a partir de una denuncia interpuesta por Renovación Nacional y desde donde acusan supuesto tráfico de influencias y negociación incompatible.
En la ocasión los abogados de Caval, Grace Álvarez y Antonio Garafulic afirmaron que no era efectivo que se la haya ofrecido una suma millonaria al denunciante a cambio de que desistiera de su acusación y guardara silencio
El juicio
El 6 de abril se verán nuevamente las caras las partes involucradas en esta demanda laboral. Será la primera audiencia de un juicio que no debería durar más allá de un mes para una resolución. Ello, si no se insiste en un acuerdo que frene el juicio y que no tiene plazo límite para realizarse. Ayer la jueza a cargo de la audiencia preparatoria, Elsa Barrientos, propuso que Caval cancelara $38 millones a Bustos, cuestión que fue rechazada por la parte demandante, que exige la cancelación total de 14 sueldos más bono, totalizando un monto de $200 millones.
En ese plano, como un "chiste" calificó Bustos la propuesta.
Otro de los factores que impidió el acuerdo, según explicó el abogado Bustos, es que Caval pretendía cancelar por medio de cuotas, lo que a juicio de los demandantes no otorgaba ningún tipo de seguridad de pago "pues la empresa no tiene ni dirección oficial".
Abogados consultados al respecto, afirman que este tipo de salidas es muy común, como también el pago en cuotas, además, que la cifra propuesta por la magistrada establece un monto que le parece objetivo al tribunal, tras conocer los elementos tanto de la demanda, como de la contestación.
Natalia Campagnon, en tanto, podría ser citada a declarar en el juicio como una de las representantes legales de la empresa. En el caso de no asistir podría ser considerada por el tribunal como un apercibimiento legal, lo que podría jugar en contra de Caval. Sebastián Dávalos, afirman quienes trabajan en este tipo de causas, es muy difícil que sea citado, y de serlo no tendría la obligación de asistir.
Allanan municipio de machalí
Documentación y planos de los terrenos adquiridos por la sociedad Caval, de la que es dueña en un 50% la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, fueron incautados ayer desde el Departamento de Obras de la Municipalidad de Machalí, en el marco de la investigación que conduce el fiscal de la VI Región, Luis Toledo.
Tras la diligencia, con la que colaboró el propio alcalde de la comuna, José Urrutia, el fiscal Sergio Moya –que encabezó la indagatoria junto a un equipo del OS-9 de Carabineros- la calificó de "exitosa", y explicó que lo que se busca establecer "son las fechas en que comenzaron las gestiones, los destinos de uso de suelo", entre otras cosas.
Mientras tanto, el seremi de Vivienda de la VI Región, Wilfredo Valdés, cuestionado por participar en el proceso de tasación de los terrenos adquiridos por Caval recibió el respaldo del gobierno, a través del vocero Álvaro Elizalde.
Acusan a dávalos de especulación inmobiliaria ante el ts
Pasado el mediodía, el ex presidente del PS, Gonzalo Martner, llegó a la sede del partido con un solo objetivo: solicitarle al Tribunal Supremo (TS) que se pronuncie de oficio sobre "la correspondencia con la ética socialista" del hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y su señora Natalia Compagnon a quienes acusa de "especulación inmobiliaria, comprando terrenos baratos y vendiéndolos caro" y de haber realizado gestiones para obtener un cambio en el uso del suelo, por órganos de la administración del Estado".
También pide un pronunciamiento similar en contra del diputado Christián Urizar debido a que la justicia pidió la formalización del parlamentario por el delito de fraude al fisco.
Martner funda su presentación tanto en el estatuto partidario como en declaraciones del propio Dávalos, quien señaló en la prensa que la polémica compra de los terrenos en Machalí "fue un buen negocio".
La investigación, explican en el PS, podría extenderse hasta por seis meses, que es el tiempo máximo que tiene el TS para pronunciarse. Y la máxima sanción a que se exponen los denunciados es la expulsión. El TS primero definirá si acoge la solicitud.
Mientras tanto, el vicepresidente del PPD, senador Ricardo Lagos Weber, insistió en que "aquí no ha habido ilícitos, acá lo fundamental es que se ha puesto la cara frente a la inquietud que han causado estos hechos en la opinión pública".
Aún cuando reconoció que "este ha sido un caso que ha remecido a la opinión pública", añadió que "el gobierno ha tenido una actitud de total transparencia en esta materia. Se han tomado medidas desde el día uno, respecto a la participación que podrían o no haber tenido el hijo de la Presidenta, dicho esto el decidió dar un paso al costado".
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