“Se debe crear una comisión transversal con distintos actores para que en conjunto se defina la estructura tributaria que debe regir por los próximos 20 a 30 años”. Ese fue uno de los principales mensajes que entregó ayer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, al exponer ante la comisión de Hacienda del Senado la visión del empresariado sobre el proyecto de reforma tributaria.
En la presentación -que se extendió por cerca de una hora-, el dirigente estuvo acompañado por el gerente general de la CPC, Fernando Alvea,r y por la experta tributaria e integrante del comité asesor del empresariado, Soledad Recabarren.
Santa Cruz dijo que durante el estudio que se realizó del proyecto de ley se identificó “40 errores técnicos serios en la aplicación de la reforma tributaria sólo en la ley de impuesto a la renta”.
Por ello, llamó al gobierno a conformar una comisión de expertos para contrastar las distintas visiones y propuestas tributarias, ya que esta modificación será para los próximos 20 a 30 años. “Una reforma de esta envergadura debe contar con el consenso de todos los actores. Nosotros hemos propuestos alternativas, tenemos estudios y, por ello, apelamos a un consenso amplio... si hasta para el litio se creó una comisión, por qué para un tema fundamental como la estructura tributaria lo vamos a hacer entre cuatro paredes y, a la vez, con esta cantidad de errores por la improvisación”.
El timonel de los empresarios se mostró dispuesto a reducir la gradualidad de la aplicación del alza de impuesto de primera categoría del 20% al 25% con el fin de contar con más recursos, pero con la condición de analizar con mayor detención la nueva estructura tributaria.
Resaltó que “el proyecto confunde como contribuyentes a la empresa con los dueños de la misma. Tanto grandes como chicas financiarán un impuesto 75% más alto (pasando de 20% a 35%) y la devolución no llegará a la empresa, con un claro perjuicio a la pyme”, explicó.
Propuestas en la mesa
Dos fueron las opciones que entregó la CPC. La primera apunta a desintegrar el sistema aplicando un impuesto diferenciado para las empresas y otro para las personas. Es decir, el tributo a las primeras no sirve como crédito a la segundas.
El otro camino es mantener el sistema integrado -con FUT incluido-, pero atacando los focos de elusión para evitar cualquier mala práctica. “El actual sistema tributario permite adecuar la carga tributaria a la situación particular de cada contribuyente; incentiva la inversión y el crecimiento”, señaló Santa Cruz.
En cuanto a las nuevas atribuciones que se le entrega al SII, acotó que pese a los cambios en la Cámara siguen “siendo excesivas, ya que se deja en indefensión al contribuyente y siempre se le presume culpable. Esto no ocurre en ninguna otra legislación”. Añadió que la renta atribuida se define como aquella que no está devengada ni percibida, no existe un incremento de patrimonio. “¿Qué es esto, tributar sobre cosa ajena?”, cuestionó. Este mecanismo, acotó, presenta graves problemas en el campo operativo y constitucional, además de vulnerar los tratados de doble tributación.
Apoyado en el informe jurídico encargado por CPC al ex presidente del Tribunal Constitucional, Juan Francisco Colombo, y al abogado Enrique Navarro, la reforma al impositiva atenta contra nueve garantías que establece la Constitución Política de Chile.
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