El sector privado se hizo presente ayer en el debate del proyecto de reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Así, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, realizó un detallado análisis de la iniciativa, alineándose con los principales ejes del proyecto de Hacienda -como los incentivos al ahorro y la inversión, y la restitución de la equidad horizontal-. Eso sí, también trajo cambios bajo el brazo.
Uno de los principales, reiteró, es reducir el impuesto de Primera Categoría desde el 27% actual a un número cercano al promedio de los países de la OCDE, en torno a 25%, pero bajo la condición de que el déficit fiscal comience a reducirse.
“Chile es el único país que ha aumentado el impuesto a las empresas, en 12 puntos porcentuales (del 15% al 27%), desde 2000 a 2018”, expuso el líder empresarial.
Swett aseguró que los principios “orientadores” de la propuesta de la CPC son tres: que el sistema tributario tenga progresividad y equidad horizontal “para lograr una mayor justicia social”; responsabilidad fiscal; y por último, el sistema sea “pro ahorro e inversión”.
“Un sistema tributario ideal debiera ser simple, justo y eficiente”, recalcó el economista.
Si bien los cambios al impuesto de Primera Categoría coparon parte importante de la ponencia de Swett, no fueron las únicas ideas.
La multigremial también sugirió modificar el Impuesto a los Servicios Digitales (ISD), que en la propuesta del gobierno implica una tasa de 10% para los servicios digitales consumidos en Chile y que son ofrecidos por un proveedor ubicado en el exterior -como Netflix y Spotify-.
La CPC propuso que bienes y servicios que se entregan por vía digital a consumidores sean clasificados como una importación de servicios (Spotify - Netflix), importación de bienes (Alibaba - Amazon) o como servicios profesionales (Airbnb - Uber), aplicándose a los primeros los aranceles e IVA y a los segundos el impuesto una tasa adicional que grava las rentas de origen chileno que reciben las personas naturales o jurídicas no residentes en Chile (35%).
“Para cobrar estos tributos, se estima que la alternativa más eficiente es delegar en quien realiza el pago”, dijo Swett. El proyecto del gobierno establece que el agente retenedor del ISD será la tarjeta de crédito bancaria con el que se realiza la operación.
Adicionalmente, los empresarios plantearon ajustes a las nuevas categorías de gastos aceptados para producir la renta, buscando ampliarlos a ítemes como estudios de impacto ambiental exigidos por el SEIA y gastos incurridos en gestión comunitaria temprana.
“Hay que ampliar el concepto de gastos: que se vinculen directa o indirectamente al desarrollo del giro; que se incluyan gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios; y que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos dolosos”, señaló Swett.
También se inclinaron porque la depreciación instantánea sea permanente, y no por dos años como fija el documento del gobierno. Otras modificaciones apuntan a los impuestos verdes, los gravámenes al diésel y la renta presunta.
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