Aunque en la UDI insisten en que la presunción de inocencia aplicada a otros antes que él, se mantendrá con el senador por Tarapacá Jaime Orpis, en privado admiten que existe preocupación ante la posibilidad de que se le pudiera acusar de cohecho, lo que la Fiscalía ha dado señales de pretender hacer, por lo que se presume pidió las votaciones del parlamentario gremialista durante la polémica Ley de Pesca. Por lo mismo, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez se manifestó partidario de "anular" esta legislación.
El diputado por la zona está convencido de que las eventuales irregularidades que pudiera haber cometido el senador Orpis, sumadas a las ya conocidas en relación con la ex diputada Marta Isasi bien podría servir de argumento para anular la polémica ley, conocida también con el nombre de su promotor, el ex ministro de Economía Pablo Longueira (UDI).
"La única solución es que esta legislación sea anulada, porque si fuera derogada -de acuerdo a nuestra legislación- habría que indemnizar a quienes resultaran perjudicados en una suma de $US 7 mil millones de dólares que es en lo que se ha cuantificado" ese proceso, sentenció el parlamentario. Y dados los últimos acontecmientos, el diputado tiene la convicción de que "la forma como se aprobó esta ley fue de manera delictual, no está pensada en el interés de la sociedad".
Sin embargo, a juicio de Gutiérrez el alto costo que implicaría para el Estado derogar esta normativa hace inviable esa solución. De hecho, en el gobierno se habría analizado la posibilidad, descartándola de plano.
De ahí que el legislador plantee más bien la anulación de la ley, algo que no existiría en nuestro ordenamiento. Por lo mismo es que solicitó a la Biblioteca del Congreso que elabore un informe sobre el tema y que contemple legislación comparada, para que "señale la posibilidad de la nulidad de la Ley". Esta idea será socializada por Gutiérrez a partir de la próxima semana, cuando el Congreso retome sus actividades tras la semana distrital.
La llamada "Ley Longueira"fue aprobada en 2012 y el entonces ministro de Economía, el ex senador Pablo Longueira la promovió con entusiasmo, lo propio hicieron los parlamentarios de la UDI.
La investigación que podría terminar afectando directamente a Orpis, algo que ya se evalúa en el gremialismo, surgió a raíz de las declaraciones que hiciera el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, a la Fiscalía y según las cuales la empresa, cuyo controlador es el grupo Angelini, habría pagado por trabajos no realizados a tres asesores del parlamentario gremialista: Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega.
Según los dichos de Mujica, los recursos recolectados por los asesores, mediante el sistema de boletas "ideológicamente falsas" habrían sido utilizados por el senador para cubrir deudas de campaña tras su candidatura a la elección del año 2009. De ahí que la Fiscalía haya pedido al Parlamento sus votaciones.
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