Cada año son muchas las personas e instituciones que sienten que sus derechos son menoscabados por organismos del Estado -como ministerios, fuerzas armadas, carabineros o municipalidades- y proceden a reclamar ante los tribunales de justicia buscando una compensación.
De esta forma, el fisco debe considerar un eventual pago que emerja de estas instancias como un pasivo contingente, el cual se activará -o no- dependiendo del fallo respectivo.
Si este año se resolvieran todas las causas que enfrenta el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -organismo encargado de la defensa judicial de los intereses del Estado- y el fisco tuviera que pagar el total del monto demandado, tendría que desembolsar unos US$ 16.727 millonesv ($ 10.487.497 millones), exposición máxima que corresponde a un 7,2% del PIB, según consigna el Informe de Pasivos Contingentes 2014 publicado ayer por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El documento detalla que el CDE mantenía responsabilidad en 25.776 causas a junio del año pasado, en las cuales el 89,7% el fisco es demandado y en un 5,5% es demandante.
En los últimos diez años, el monto más alto desembolsado por el fisco alcanzó los $ 55.149 millones en 2008, año que cerró con el porcentaje de efectividad -lo que paga el Estado frente al valor total de las causas- de 72%, el más bajo de la última década. Generalmente, el porcentaje de efectividad se ubica sobre el 94%.
Los pagos efectivos que realizó el Estado durante el primer semestre de 2014 alcanzaron los $ 4.956 millones, período en el que se resolvieron causas que en total involucraban $ 182.995 millones. El porcentaje de efectividad en este lapso alcanzó el 97%.
La Dipres acotó que las cifras pasadas son solo una referencia, pues la evolución "dependerá de de la actuación de los funcionarios o instituciones del Estado en el futuro y de si la sociedad civil está más o menos dispuesta a entablar acciones judiciales contra el fisco, situaciones difíciles de internalizar en algún modelo".
Demandas internacionales
Actualmente, la única demanda internacional que enfrenta el Estado de Chile es la relacionada con la propiedad del diario El Clarín, que fue expropiado en 1973 al español Víctor Pey, quien interpuso la demanda en 1997.
El Estado chileno, por resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), pagó US$ 2,5 millones por las costas del juicio, lo que no dejo satisfecha a la parte demandante que solicitó en junio de 2013 la intervención del organismo internacional para determinar el monto de la compensación debida por Chile, como consecuencia de incumplir con la obligación de otorgar a los demandantes un trato justo y equitativo.
Los demantantes solicitaron una indemnización por US$ 431,8 millones, por conceptos de violación por parte de Chile del Acuerdo de Protección de Inversiones con España, enriquecimiento sin causa y daños morales.
Chile presentó su contra memoria en octubre de 2014 e indicó que se estima que las audiencias se realicen en abril, por lo que el tribunal emitiría su fallo a finales de este año.
Balance general
De acuerdo a la Dipres, la posición financiera neta del fisco es deudora, y alcanza un -3,7% del PIB proyectado para el ejercicio anterior.
Asimismo, el stock de las obligaciones contingentes del fisco es de un 4,04% del PIB 2014, compuesto principalmente por la garantía estatal de los depósitos (1,31%, estimado), garantía estatal a la deuda de las empresas públicas (1,02%) y garantía del crédito a la educación superior (0,95%).
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