A solo días de que se retome el debate sobre el proyecto de reforma tributaria del gobierno comienzan a caldearse nuevamente los ánimos. En este caso, el motivo de controversia es la creación de parte del gobierno de un nuevo ente en el aparataje de la administración tributaria: la Defensoría del Contribuyente (Dedecon).
Dicho órgano será el encargado de asesorar a los contribuyentes en sus controversias con el Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería y Aduanas. La entidad prestará asesoría a los pagadores de tributos pero no estará facultada para litigar.
Dicha idea tiene inquietos a los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). La asociación que los agrupa envió una minuta a los parlamentarios integrantes de la comisión de Hacienda de la Cámara rechazando la propuesta de la Dedecon. Los TTA son la instancia especializada a la que pueden acudir los contribuyentes y la administración tributaria para dirimir las controversias legales.
“El proyecto contempla en su artículo 23 la creación de un órgano llamado “Defensoría del Contribuyente”, pero en términos muy distintos a los que tradicionalmente se pensaron y de lo que se dice en el propio Mensaje del proyecto de ley, y que entrega facultades que son del todo nocivas para la estructura de los órganos que participamos en la justicia tributaria”, señala el texto, remitido a la instancia por la abogada resolutora del Primer Tribunal Tributario y Aduanero, Eveline Collao.
Confidencialidad de acuerdos
En su argumentación, los funcionarios señalan que la Dedecon “no es una defensoría propiamente tal”, ya que su función es promover los acuerdos extrajudiciales entre los contribuyentes y el SII.
“Al no tener carácter de tribunal, la defensoría no está obligada a hacer públicos los acuerdos alcanzados y menos a sujetarse a la ley para ello”, señala el texto.
Adicionalmente, critican que el organismo tiene un carácter administrativo extrajudicial, no jurisdiccional: “Por lo tanto, no se rige por los principios de independencia e imparcialidad que rigen a los tribunales, ni menos está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema”, enfatizando que en los artículos 4 y 58 del artículo 23 del proyecto, se establece que los acuerdos alcanzados serán confidenciales.
“Desmantelamiento de tribunales”
La Asociación de Funcionarios critica que el proyecto establece que se podrán traspasar funcionarios y bienes desde el SII y los TTA a la defensoría, cuya cantidad se determinará a través de un decreto con fuerza de ley emitido por el presidente de la República.
“Su conformación supone el desmantelamiento de los TTA, generando como consecuencia lógica el debilitamente de la justicia tributaria y aduanera”, aseguran los funcionarios.
También advierten vicios de inconstitucionalidad de la propuesta, como que se pretenda modificar una ley orgánica constitucional a través de una norma simple y que los acuerdos de conciliación entre el SII y los contribuyentes sean privados, por ejemplo.
“No nos oponemos a la creación de una defensoría. Por el contrario, creemos que es necesario que exista. Pero la defensoría, en los términos en que está establecida en el proyecto, debe ser rechazada por los parlamentarios”, concluye.
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