La instancia liderada por el economista Eduardo Engel abordó en profundidad temas de prevención de la corrupción; financiamiento de los partidos -donde destaca la prohibición de las donaciones de empresas-; obligaciones y limitaciones de los funcionarios públicos, división clara entre funciones del sector público y el mundo privado; cambios al funcionamiento de los gobiernos corporativos y del mercado financiero; fortalecimiento de servicios fiscalizadores, como el Servel y las superintendencias; e incluso nuevas medidas para educar a la población en derechos ciudadanos y ética.
1 Prevención de la corrupción
32% del informe se destinó a este capítulo
Con el objeto de fortalecer la integridad en la vida pública y prevenir la corrupción y el tráfico de influencias, el consejo propone 8 ámbitos de acción:
a) Probidad y fortalecimiento de municipios
Dado los márgenes de discrecionalidad existentes a este nivel y el volumen de recursos que se gestionan se proponen diez medidas específicas en ámbitos como capacitación y profesionalización de personal, selección en base a méritos, aprobación anual de cursos de probidad para funciones sensibles y de manejo presupuestario, declaración de intereses y patrimonio de alcaldes, concejales y jefes clave; prohibición de contrataciones a honorarios durante seis meses previos a elecciones; entre otras.
Tres medidas clave
- El director de Obras Municipales debe concursar por ADP y su inamovilidad tendrá un límite de tiempo
- Los alcaldes no podrán ser reelegidos más de una vez
- Uso de ChileCompra obligatorio en proceso de adquisiciones
b) Reforma al sistema de Alta Dirección Pública
Se recomienda fortalecer la ADP ampliando cargos vía concurso a Fonasa, Odepa, Senama y Sercotec; se limitan cargos provisionales y transitorios a no más de 10% en el primer nivel jerárquico y hasta por seis meses; cargos de segundo nivel no podrán ser transitorios o provisionales; se extiende calidad de agente público a las personas a honorarios en el Estado, entre otras.
Dos medidas clave
- Empresas públicas tendrán directores independientes elegidos por ADP
- Funcionarios de primer nivel de alta exposición pública elegidos por ADP no podrán postular a cargos de elección
c) Reforma al sistema de compras públicas, concesiones y gasto en Defensa
Para asegurar transparencia en estos procesos clave se propone: que ChileCompra sea un sistema único e integrado; crear unidad de apoyo a servicios que no cuenten con recursos propios para ejecutar procesos de compra, ampliar alcance del sistema de compras públicas a otros ámbitos como el apoyo al desarrollo de bases de licitación, adjudicación y ejecución de contratos; estandarizar compras públicas pala lograr mayor capacidad negociadora y transparencia del Estado; pago oportuno del Estado a proveedores para fomentar participación de proveedores.
Dos medidas clave
- Crear sistema de denuncia anónima de irregularidades
- Exigir declaración jurada de ausencia de conflictos de interés a evaluadores de licitaciones públicas
d) Persecución y sanción penal de la corrupción
Para elevar estándares y suplir vacíos se postula: generar estadísticas de seguimiento de delitos de corrupción; adecuar penas tipificación y prescripciones a estándares internacionales; fortalecer PDI en su capacidad de investigar asuntos de corrupción.
Medida clave
- Crear Fiscalía de Alta Complejidad y dotarla de recursos apropiados
e) Transparencia y acceso a la información pública
Reconocimiento explícito constitucional de la transparencia y el acceso a información pública; corregir limitaciones de la Ley de Transparencia en ámbitos Legislativo, judicial y órganos con autonomía constitucional, garantizar acceso a correos electrónicos institucionales en los mismos términos que fija la Ley de Transparencia de la Función Pública, y crear política nacional de datos que abarque a todas las instituciones del Estado, entre otras.
f) Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Obligación de implementar sistemas de prevención sobre cierto tamaño corporativo, fortalecer la SVS para que fiscalice sistemas de prevención y empresas certificadoras; y que las multas a las personas jurídicas sean proporcionales al beneficio obtenido.
g) Prevención de la corrupción en la planificación territorial
Se propone asegurar participación ciudadana efectiva en cambios a planos reguladores; permitir al Estado capturar la mayor parte de las ganancias asociadas a su propia acción, como el cambio de uso de suelos; usar nuevas tecnologías para precisar planos reguladores y establecer un plazo perentorio de tres años para iniciar las obras de los proyectos aprobados por las Direcciones de Obras, entre otras.
h) Creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas
El consejo postula en este ámbito crear un servicio de la Calidad de las Políticas Públicas descentralizado que evalúe los programas con criterios de costo-eficiencia; incorporar en esta agencia o en el INE una unidad que cruce bases de datos innominadas; y robustecer el rol presupuestario del Senado con capacidad de hacer seguimiento a los cambios presupuestarios y proyecciones de ingresos, gastos y deudas.
2 Regulación de conflictos de interés
18% del informe se destinó a este capítulo
Con el objetivo de que las decisiones y acciones públicas se inspiren en intereses colectivos y no particulares, el consejo postula 4 grandes áreas de acción:
a) Puerta giratoria, inhabilidades e incompatibilidades entre sectores público y privado
Se propone un amplio conjunto de medidas dentro de las cuales destacan: por el plazo de un año ministros, subsecretarios y autoridades normativas y fiscalizadoras no podrán emplearse, proveer servicios o tener vínculos con organizaciones privadas relacionadas con la función previa; estos funcionarios tampoco podrán presentarse a licitaciones públicas en las reparticiones que trabajen, ni contactar a funcionarios por asuntos de su responsabilidad; por dos años el Fiscal Nacional, el contralor de la República y los fiscales regionales no podrán postularse a cargos de representación popular.
Además, se propone que los lobistas no puedan ser ministros, subsecretarios o directores de servicios o superintendentes hasta un año después de dejar dicha actividad y que las contrataciones de cargos de confianza de familiares directos de ministros y subsecretarios sean por concursos con actas públicas. Asimismo, los concejales no podrán ser contratados en ningún municipio, ni los consejeros regionales si estos están en su región. Se fija plazo de 10 años a los condenados por crímenes para ser candidatos, entre otras medidas.
Se fija dedicación exclusiva a senadores y diputados y se impiden asesorías a estos parlamentarios por parte de concejales, consejeros regionales y lobistas.
b) Declaración de patrimonio e intereses
Se fijan plazos y formalidades detalladas para la entrega de estas declaraciones, las que serán fiscalizadas por la Contraloría; se amplían las autoridades afectas por la exigencia, entre otros a los fiscales; ministros del TC, integrantes del TDLC, entre otros; se elevan las multas asociadas a las transgresiones con agravante penal en casos de falsedad, entre otras.
c) Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado
Se plantea establecer parámetros objetivos para quienes deban constituirlos y se propone crear un fideicomiso diversificado como una mejor forma de evitar conflictos de interés.
d) Lobby y gestión de intereses
En este ámbito el consejo propone crear un Código de Conducta para lobistas que defina buenas prácticas y prohibiciones; crear un plan de capacitación y cursos sobre esta ley para los funcionarios que ingresen al Estado, el cual irá acompañado de evaluaciones periódicas y agregar el registro de reuniones no solicitadas o informales, así como crear una norma técnica para la entrega de datos al Consejo para la Transparencia.
3 Financiamiento de la política para fortalecer la democracia
31% del informe se destinó a este capítulo
El Consejo diagnostica que el sistema de los partidos políticos se ha debilitado, entre otras cosas por la ausencia de financiamiento público, falta de fiscalización y la ley de partidos vigente. Por esto, propone atender esta necesidad para tener una democracia fortalecida a través de tres ejes principales.
a) Democracia interna y financiamiento de partidos políticos.
El Consejo indica que el sistema de partidos requiere con urgencia un cambio radical en sus prácticas internas y en su relación con la sociedad. Para esto propone diez medidas específicas, que incluyen financiamiento público a los políticos, una nueva ley de partidos que garantice mayor transparencia, democracia interna y rendición de cuentas; establecer topes a las donaciones de personas naturales a los partidos y prohibir aportes de empresas.
Medidas clave
- Establecer un Fondo Público de Financiamiento de los partidos políticos de unos $ 6.900 millones anuales, lo que equivale al gasto anual de campaña.
- Convertir los partidos en personas jurídicas de derecho público, limitando así su accionar.
- Reinscripción de todos los militantes, para asegurar padrones confiables. Esto será obligatorio para acceder a financiamiento público.
- Prohibir aportes de personas jurídicas a partidos.
b) Regulación de campañas electorales
Se busca dar más equidad al sistema, regular la forma en que se gasta, el papel de los funcionarios públicos y del gobierno a través de 18 medidas.
Medidas Clave
- Extender el período en el que ingresos y gastos deben ser declarados al Servel.
- Las radios deben informar sus tarifas de propaganda electoral y no habrá discriminación de candidatos.
- Además habrá una franja radial gratuita.
Establecer Código de Comportamiento Electoral para autoridades y funcionarios públicos y municipales a fin de evitar el intervencionismo.
- Prohibir el uso de asignaciones parlamentarias con fines electorales
- Limitar el gasto en publicidad del gobierno al promedio de los dos años previos a la elección.
c) Fiscalización de la política y su financiamiento
La debilidad del actual sistema de control de la acción política y su financiamiento contribuye a mermar la confianza y legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía. Por esto, se proponen medidas que fortalezcan el Servel y castiguen de forma más dura a quienes infrinjan las leyes electorales.
Medidas clave
- Convertir al Servel en organismo autónomo constitucional.
- El sistema de ADP seleccionará a los candidatos para integrar el consejo del Servel. Luego el Presidente de la República designará a los candidatos de esa lista para ser aprobados por el Senado.
- Se establecerán sanciones proporcionales a las faltas para los partidos que no cumplan con los requisitos establecidos, pudiendo llegar hasta la cancelación del registro del partido.
- Alcaldes, concejales, CORES, senadores y diputados perderán sus cargos frente a infracciones graves a las normas de financiamiento y gasto electoral durante la campaña.
4 Confianza en los mercados
8% del informe se destinó a este capítulo
Con el objetivo de recuperar la confianza en los mercados y prevenir prácticas contra la probidad, el consejo desarrolló dos propuestas clave:
a) Atribuciones para una fiscalización eficaz de los mercados
Entre las medidas están; dotar de mayores atribuciones a las superintendencias para una fiscalización más eficaz como, por ejemplo, que las autoridades tengan fiscalizadoras acceso al contenido de llamadas telefónicas y correos electrónicos; potenciar las denuncias de ilícitos fortaleciendo la delación compensada y los programas de protección a informantes.
b) Fortalecimiento de gobiernos corporativos en las empresas
El consejo indica que es indispensable aumentar la eficacia en los directorios de las empresas para evitar abusos a accionistas minoritarios, mejorar los mecanismos de autorregulación y potenciar los procesos de auditorías interna y externa para prevenir conductas ilícitas. En esta línea, se prohíbe que empresas que compiten tengan directores comunes y se insta a revisar el rol de gremios como eventuales facilitadores de la colusión.
Medidas clave
- Revisar sanciones a estos delitos para asegurar proporcionalidad al daño causado, y que penas más drásticas sean también aplicables efectivamente.
- Establecer criterios generales para transacciones ajenas al giro de la empresa, como donaciones que gocen de beneficios tributarios.
- Definir estándares mínimos y publicitar reglamento sobre transacciones con partes relacionadas.
- Reforzar independencia del auditor interno
- Definir políticas de remuneración e incentivos a ejecutivos, incluyendo sus formas de pago.
- Establecer mecanismos para evitar la simulación en subastas de acciones.
5 Integridad, ética y derechos ciudadanos
11% del informe se destinó a este capítulo.
El Consejo estima que el progreso real no es posible sin principios comunes y una organización social que respete a las personas y reconozca su dignidad. El organismo indica que las sociedades con bajos niveles de corrupción y donde se logra separar de forma adecuada lo público de lo privado son la base para no tolerar estos fenómenos, al tener estándares éticos que exceden los mínimos legales, con sistemas adecuados para educar, difundir y fortalecer la honestidad.
Para esto, el consejo plantea tres medidas clave: cambios curriculares durante gran parte de la vida escolar, para que se contemple la formación ciudadana como una habilidad que se adquiere de manera progresiva; el proyecto educativo de cada establecimiento deberá incluir de manera integral la formación ética y ciudadana. Y, en la misma línea, la formación de los profesores deberá contener el pensamiento crítico y la formación ciudadana y ética.
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