Dos de los puntos claves que estaban trabando la aprobación del proyecto de pago a proveedores en 30 días se resolvieron este miércoles en el Congreso. Se trata de los artículos que norman la posibilidad de que las empresas pacten un plazo mayor para el pago a las pequeñas y medianas empresas, además del establecimiento de una comisión moratoria que castigue el incumplimiento de la nueva normativa.
En una votación casi unánime, la comisión mixta aprobó las proposiciones del Ejecutivo, que tras recibir el mandato de la instancia redactó nuevamente los artículos para recoger algunas de las inquietudes de los parlamentarios, y logró un avance sustancial para que la iniciativa pueda ser vista la próxima semana por el Senado y la Cámara, y así ser despachada a ley.
En el caso del acuerdo entre las partes, finalmente se impuso la fórmula que ayer presentó el ministro de Economía, José Ramón Valente. Así, los acuerdos quedaron definidos a casos excepcionales, sin límite de días, pero que deberán ser inscritos en un registro con el nombre de los contratantes, rubro o actividad económica relacionada, y la fecha acordada de pago. Además se acordó que a los 12 meses de la entrada en vigencia de la ley, se hará un informe para determinar si los casos excepcionales no se transformaron finalmente en regla.
Según argumentó el secretario de Estado, la decisión de no establecer un plazo máximo para los casos excepcionales buscó respetar las condiciones particulares de distintas industrias, y los tiempos de pagos usuales en sectores como el agrícola.
"Que una cementera chilena le tenga que pagar en 30 días a una empresa alemana que le dejó funcionando mal un horno, es un sinsentido. Ese es el tipo de excepcionalidades que queremos resguardar al no establecer un plazo ni sector específico. Como nadie quiere que estas excepciones se transformen en norma, estamos estableciendo este mecanismo de revisión", precisó en medio de la votación el secretario.
Además, se aprobó una indicación presentada por la senadora Ximena Rincón y el diputado Gabriel Silber, para que la evaluación del sistema de registro sea remitida en un plazo de 60 días a las comisiones de Economía de la Cámara y el Senado, comprometiendo que si el informe concluye una sobreutilización del mecanismo, se deberán revisar las condiciones y sanciones estipuladas en la ley.
Comisión moratoria de 1%
Finalmente, la comisión mixta también aprobó la propuesta que hizo el Ejecutivo de establecer una comisión moratoria de 1%, adicional a los intereses corrientes, para quienes no cumplan con el plazo de pago de 30 días. Así, el gobierno hizo un gesto de "buena voluntad" a los legisladores, ya que su posición original era dejar únicamente los intereses como incentivo al pago, mientras trabaja en paralelo un cambio normativo con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para hacer que la deuda a proveedores pase a considerarse como parte de la deuda financiera neta de las compañías, lo que, dijo Valente, "hoy no lo es por norma contable".
Así, en su óptica, "incentivo de tener deudas vencidas con los proveedores pasa a ser extremadamente bajo", ya que las condiciones de financiamiento para las empresas se harían más restrictivas.
Eso sí, el articulado no distinguió entre la morosidad de grandes empresas o las pymes, ya que según el Ejecutivo, "eso puede llevar a que las empresas grandes no quieran contratar a las chicas, por tener un costo adicional".
El proyecto será nuevamente visto el próximo lunes para resolver los plazos que tendrán las reparticiones públicas para adaptarse al nuevo tiempo de pago, y será vista por las salas de la Cámara y el Senado el martes.
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