Cuando se le está cuestionando al Congreso la legitimidad para ser el organismo que tramite la agenda de probidad, los incumbentes rechazan que se generalicen las críticas a esta instancia, pues serían personas particulares las que están siendo cuestionadas por la ciudadanía. Incluso hay quienes no descartan que los mencionados o quienes estén siendo investigados en los casos Penta y su arista política SQM se inhabiliten para legislar en estas materias.
Un elemento que contribuye a la desconfianza en la actuación del Congreso en esta materia es que el 2006 no se trabajó con la diligencia que se esperaba en similares propuestas. Los diputados René Saffirio (DC) y Felipe Ward (UDI) se hacen cargo de esta crítica.
Pese a no ser integrante de la Cámara en esa época, Saffirio estima que "la situación política de contexto no nos permite ni nos puede llevar a tomarnos las licencias que el Parlamento se tomó el 2006. Hoy, la situación es mucho más crítica, con raíces mucho más profundas. Además, tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, con un volumen y calidad de información muy superior al 2006".
El diputado falangista incluso advierte que los legisladores tienen el "desafío no sólo de legislar la agenda de probidad y transparencia, sino de demostrar que lo hacemos de manera proba y transparente", para mejorar la percepción ciudadana.
En general, los parlamentarios se sienten agraviados ante la sola idea de que se cuestione su labor legislativa. Al punto que el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, no sólo rechaza los cuestionamientos al Congreso, calificándolos como "una teoría muy absurda", sino que defiende el derecho de los parlamentarios cuestionados, ya que "no hay ninguna resolución que les inhiba de desarrollarse en plenitud en el ejercicio de sus funciones". En este sentido, añade que "si por esta vía comenzamos a presionar a las instituciones, lo que estamos instalando es la anarquía".
Mientras, el diputado Felipe Ward (UDI) dice reconocer y comprender el descrédito de la política, pero defiende la democracia representativa y "el Congreso –afirma- sigue siendo el lugar donde deben debatirse este tipo de iniciativas". Por otra parte, coincide con Saffirio en que los parlamentarios deberán "demostrar en la práctica" que están habilitados para sacar adelante esta agenda, legislando y "aprobando muy rápidamente este paquete de proyectos de ley".
El 2006 Ward llegó a la Cámara Baja y tiene un juicio claro de lo que habría ocurrido en relación con la agenda de probidad de ese año y que alimenta algunas de las dudas que se estarían incubando ahora: "(eso) genera dudas. En esa oportunidad falló La Moneda y falló el Congreso, lo digo en términos sumamente claros. Y no estamos dispuestos a fallar en esta oportunidad y creo que La Moneda tampoco".
Algo que no comparte Larraín, que también defiende el trabajo que se hizo en aquella ocasión, pues según recuerda uno de los proyectos a los que la Presidenta le dio prioridad en esa época fue la Ley de Transparencia y Probidad, de la que es autor junto con el ex senador Jaime Gazmuri (PS).
El diputado Saffirio plantea que los parlamentarios cuestionados "pueden perfectamente, sin expresión de causa incluso, abstenerse de emitir su voto en proyectos de ley referidos a la probidad y transparencia". Algo que Ward estaría dispuesto a estudiar, convencido que esa "es un área en la que podemos llegar a consenso", a diferencia de Larraín.
PS propone "denuncia ciudadana"
El Partido Socialista presentó un paquete de propuestas en materia de probidad y transparencia al Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción y los Conflictos de Intereses, muchas de ellas fueron acogidas, pero hay una relativa a inhabilidades que no se habría considerado dentro de las propuestas entregadas al gobierno, y que es primordial para la colectividad. Se trata de un proyecto que regula la inhabilidad parlamentaria y que permite que cualquier ciudadano común y corriente pueda denunciar cuando un diputado o senador no se inhabilitó, debiendo hacerlo.
La iniciativa, que será presentada hoy en la Cámara, establece que "cualquier persona que conozca antecedentes que permitan formar convicción sobre el hecho de que algún parlamentario intervino en una votación", respecto de la cual -según diversos artículos que lo establecen- "no le hubiese sido lícito intervenir, podrá recurrir al Tribunal Constitucional para hacer presente el hecho y requerir las medidas disciplinarias correspondientes". Por tanto, será el TC el mandatado a resolver las controversias que surjan en esta materia.
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