Potenciar la formación de capital humano como un elemento indispensable es la propuesta inicial de la mesa de desarrollo integral para que la economía chilena aumente su productividad. Esto, en el entendido que el denominador común de los países que han logrado dar un salto en productividad en las décadas recientes, como Corea del Sur, Singapur o Hong Kong, y antes Japón es contar con un sistema de educación de excelencia y una masa laboral bien capacitada.
Lo concreto es que, en esta materia, Chile muestra una brecha inquietante, incluso a nivel de los segmentos de la población con mayor formación. Como muestra la medición PIAAC de la OCDE, las competencias promedio de un trabajador chileno con educación superior son equivalentes a la de un trabajador promedio de la OCDE con educación media y no muy superiores a las de un neozelandés con educación primaria. Esto sugiere que la educación superior en Chile apenas corrige lo que la escuela no hizo. A su vez, la misma medición, muestra que apenas un 2% de nuestra población adulta posee grados avanzados de comprensión lectora, numérica o digital.
"Cerrar estas brechas es un imperativo de equidad y productividad de cara al siglo XXI", advierten los expertos.
En esta línea, se propone:
- Reformar el sistema de capacitación de manera que responda a las necesidades del sector productivo y permita la adquisición de nuevas habilidades tecnológicas
- Abordar el problema de calidad de la educación escolar, en todas sus etapas: temprana, básica, media y técnica, e incorporar en el sistema escolar el uso de nuevas tecnologías. En una visión de mediano y largo plazo, es fundamental modernizar el currículo de la educación escolar para adaptarlo a las habilidades tecnológicas que se requerirán a futuro, así como para desarrollar habilidades para "aprender a aprender" en forma continua. Además, se debe invertir recursos en elevar el piso de la calidad de la educación pública.
- Disminuir el déficit de profesionales técnicos y de habilidades tecnológicas en la fuerza laboral. Se debe aumentar la valoración social y fomentar el estudio de carreras técnicas como una opción de desarrollo personal, considerando los principales requerimientos de los distintos sectores económicos, y con especial énfasis en la formación de profesionales con habilidades tecnológicas. En la misma línea, se requieren mejores instancias de diálogo entre los institutos profesionales y centros de formación técnica con el sector productivo.
- Generar incentivos para la inmigración de profesionales y técnicos en las áreas productivas donde se observen los principales déficits de capital humano, aprovechando la ley migratoria como hacen diversas economías desarrolladas. En ese sentido, el Estado debe cumplir un rol de coordinación para que, mediante asociaciones entre el sector público y el sector privado, se identifiquen las principales carencias.
Asumiendo una Comisión Nacional de Productividad institucionalizada de manera permanente y con un rol más amplio, la comisión sugiere estudiar a cabalidad qué regulaciones es posible simplificar o eliminar, considerando la duplicidad de funciones que se dan entre algunas normativas. Además, se advierte la fragmentación de la institucionalidad de productividad actual en diversas agencias del Estado, lo cual puede terminar por dificultar los avances en materia regulatoria.
Unido a lo anterior, se recomienda evaluar las políticas de desarrollo productivo sectoriales y regionales que están en vigencia, de manera de dar un mayor impulso a las que sean más efectivas. Se debe tener como premisa que, si una política genera incentivos o regímenes especiales a un sector o región en particular, esta debe ser revisada y perfeccionada periódicamente de manera de evitar abusos, debe tener un horizonte temporal y pasar el filtro de la efectividad antes de ser renovada.
También se plantea avanzar en una mejor medición del impacto en productividad de las políticas públicas. Se requiere que los informes de productividad cuenten con una alta calidad técnica, de manera de introducir el debate sobre productividad en la discusión pública y que sea un elemento relevante a la hora de deliberar sobre un proyecto de ley.
Congruente con esto, la idea es desarrollar indicadores de medición de productividad a nivel más desagregado, de manera de poder identificar falencias específicas, diseñar políticas públicas focalizadas y mejorar la evaluación de resultados.
Asumiendo el reto de las nuevas tecnologías, la comisión plantea facilitar el ajuste de las empresas, trabajar en conjunto con los sindicatos para impulsar la adopción de las mismas y diseñar programas de reconversión de los trabajadores actuales.
Otro foco es impulsar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) como uno de los ejes fundamentales para permitir una mayor innovación y mejorar la eficiencia de los procesos productivos dentro de la empresa, incluido el perfeccionamiento del incentivo al I+D para las Pyme.
En el mismo sentido, constituir el Ministerio de Ciencia y Tecnología como una instancia a través de la cual el Estado ejercer un rol articulador del mundo académico, científico y privado para traspasar la innovación académica y científica a la industria, corrigiendo las fallas de coordinación.
Empujar una cultura de la cooperación en la sociedad, utilizando los Planes Regionales de Ordenamiento Regional como una oportunidad para generar estas instancias de cooperación para identificar potenciales aumentos de productividad o de valor agregado a nivel regional.
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