Un grupo de senadores encabezados por Yasna Provoste (DC) y Alfonso de Urresti (PS) presentaron un proyecto de ley que establece la cesación en los cargos de Presidente de la República, senador, diputado, consejero regional, alcalde y concejal por la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas o “fake news”.
La reforma constitucional instaura una nueva causal de cesación de ciertos y determinados cargos de elección popular para una autoridad electa que resulte responsable de difundir, promover o financiar noticias falsas respecto de las otras candidaturas durante el período de campaña, por cualquier medio, incluidas las redes sociales.
Explican en los fundamentos del proyecto que “buscamos que se sancione una nueva y nefasta forma de hacer política, que es manifestación del populismo y que avanza en Latinoamérica mediante distintas modalidades, incluso utilizando big data, es decir, investigando las preferencias de los usurarios de redes sociales, para luego difundir mentiras y destruir con estas malas artes las candidaturas de sus contendores, su imagen, su prestigio”.
También precisan que “no se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas o de información sobre actos políticos realizados por personas naturales. Tampoco lo serán aquellas actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo, ni aquellas actividades habituales no electorales propias del funcionamiento de los partidos políticos constituidos o en formación”.
Y se señala que “con las fake news o noticias falsas, no se promueve candidatura alguna, sino que se denosta, ataca y miente con el objetivo que el apoyo y la votación de los contendores disminuyan”.
En el contexto anterior, manifiestan que “los efectos en materia electoral pueden llegar a ser sumamente graves. La mentira electoral tiene efectos devastadores en el debate político, pues quien las profiere, difícilmente se desdice, y es probable que nunca lo haga. Para peor, los candidatos contratan empresas expertas en big data, y en difusión masiva en redes sociales, incluso mensajería de whatsapp, para compartir noticias falsas de otros candidatos. La estrategia es exitosa, pero vulnera las normas básicas de la democracia, mediante la desinformación y la manipulación, impidiendo el análisis de la oferta electoral, y el debate político real”.
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