Esta mañana el Diario Oficial publicó por primera la Ley 13.196, más conocida como "la ley reservada del Cobre", que obliga a la Corporación del Cobre (Codelco) a entregar el equivalente al 10 % de sus ventas anuales a las Fuerzas Armadas para compra de equipos militares.
La publicación del cuerpo legal, que consta de ocho artículos, fue posible luego que el Parlamento aprobó el pasado 23 de noviembre una norma que le quita su carácter secreto, que se le asignó para proteger la seguridad nacional, según se argumentó durante años.
La ley fue una modificación de una que databa de 1958 para financiar las compras militares con un impuesto a las grandes empresas mineras, decretada en abril de 1975 por la dictadura de Augusto Pinochet.
El texto, ahora hecho público, ordena que "el 10 % del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta de la producción del cobre, incluidos sus subproductos, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el 10 % del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación" sean entregados al Consejo Superior de Defensa Nacional.
"Anualmente deberá practicarse una liquidación final del rendimiento de esta ley y, si la cantidad total del 10 % fuera inferior a US$ 180 millones (...) la diferencia deberá ser completada por el Fisco", indica.
También establece que los US$ 180 millones serán reajustados cada año según "la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Por Mayor de los Estados Unidos de América el año anterior al del respectivo reajuste".
Esta ley ha sido cuestionada en el último tiempo por varias razones, entre ellas el perjuicio económico de Codelco a causa de la caída en los precios del cobre y por un millonario fraude descubierto en el Ejército con los recursos provenientes de esa normativa.
El Gobierno, en tanto, estudia desde hace tiempo una nueva fórmula para financiar las compras militares, pero la propuesta no inicia aún su trámite legislativo.
De acuerdo con datos extraídos de las memorias anuales de Codelco, entre 2004 y 2014 la minera estatal entregó a las Fuerzas Armadas unos 11.726 millones de dólares, de los que según analistas de Defensa se han gastado unos US$ 6.472 millones, lo que ha generado un excedente de US$ 5.254 millones.
De forma excepcional, el Gobierno puede utilizar parte de esos fondos en asuntos distintos a la compra de armas, como ocurrió tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera destinó US$ 614 millones a obras de reconstrucción y otros US$ 439 millones a la reconstrucción de la base naval de Talcahuano, destruida por el sismo.
Dicho terremoto, de magnitud 8,8, dejó más de 520 muertos, un millón de damnificados y daños materiales por unos US$ 30.000 millones.
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