La definición de desarrollo integral, según explica el texto que elaboró la comisión, va más allá de lo económico y más bien apunta a lograr mejores condiciones de vida para todos los chilenos y, en particular, para aquellos que no alcanzan las condiciones mínimas para una vida digna, o que están en permanente riesgo de caer en pobreza.
"Así, el desarrollo integral es uno donde la superación de la pobreza con las diversas y nuevas formas en que se expresa, es un imperativo permanente de la sociedad", se lee en el documento.
Dado lo anterior, el desarrollo integral se expresa en la promoción de una clase media que ve oportunidades de progreso para ellos y sus hijos, y que se desenvuelve en un ambiente de igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que considera que tiene seguridades mínimas frente a la enfermedad, la vejez y el desempleo.
"Es por esto que el camino debe ser gradual, a pesar que las demandas parecen exigir soluciones globales e inmediatas. La promesa de largo plazo es que los hijos superarán a sus padres, que los jóvenes y adultos se pensionarán mejor que los actuales pensionados. En el corto plazo, mientras tanto, la política deberá encargarse de las vulnerabilidades (riesgos) de la clase media y, con más alta prioridad, de los más pobres", se explica.
Otras características de esta mirada del desarrollo implica reconocer el valor de los emprendedores, empresarios, de la sociedad civil organizada, de los trabajadores y del Estado y sus políticas, como los motores del desarrollo, con derechos y deberes.
También es sustentable y debe hacerse cargo del medio ambiente, de los desafíos del cambio climático y un uso responsable de los valiosos recursos que nos ofrece la naturaleza.
Tampoco puede eludir el acelerado cambio tecnológico, por lo que requiere de un mercado laboral que se adapte adecuadamente a las nuevas condiciones, que promueva la participación de la mujer, los jóvenes y los informales que hoy están excluidos. A su vez, que fomente el desarrollo de las capacidades que la nueva economía exige y que proteja y acompañe en su reconversión a quienes puedan quedar descolocados por el cambio tecnológico y la automatización de actividades productivas que ya comenzó y que se intensificará en los años a venir.
El desarrollo integral defiende irrestrictamente la libre competencia. No solo por razones de eficiencia económica y por asegurar menores precios y mejor calidad de los bienes, sino también en aras de la legitimidad percibida del mercado, la que se deteriora cuando se perciben abusos. Por la misma razón, preocupa de proteger a los consumidores, garantizando sus derechos y que puedan obtener en tiempo y forma lo que han adquirido.
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