Uno de los tres pilares fundamentales del emblemático proyecto del gobierno fue aprobado ayer en la Sala del Senado: el fin del lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado. Y junto con ello, también sorteó el trámite la norma que establece una sanción administrativa, civil y penal a los sostenedores que infrinjan dicho punto y no reinviertan todos los excedentes en fines educativos. ¿Cuáles son esos fines? En el sufragio de ayer, además, se dio venia a un listado que delimita estrictamente el uso que los dueños de colegios pueden hacer de la subvención escolar y del copago de los padres.
Si bien estas materias contaron con la unanimidad de la NM, no tuvo el respaldo de los parlamentarios de la Alianza. Muy por el contrario, una vez más se evidenció un encendido debate entre ambos bloques. Los números que aparecían en la pantalla de la Sala tras la votación de una indicación o artículo del proyecto eran muy similares cada vez: 23 aprobaciones contra 14 rechazos o 22 versus 13. Las cifras daban cuenta de un oficialismo finalmente alineado en el Senado y una oposición que se resistía férreamente a aprobar la iniciativa del gobierno.
"La lista de supermercados". Así, acuñó la Alianza la norma del Ejecutivo que delimita los fines en los que el sostenedor puede invertir sus recursos. "Un catálogo taxativo de lo que pueden hacer los sostenedores es vaciar absolutamente de contenido el derecho de la libertad de enseñanza", afirmó Andrés Allamand (RN) antes de anunciar una reserva de constitucionalidad en la materia. En la misma línea la senadora UDI Ena Von Baer criticó que la norma vulneraría la autonomía de los proyectos educativos.
En contraste, el senador PS Carlos Montes argumentó que el objetivo de esa norma es evitar el lucro encubierto y un cambio conceptual respecto del dinero estatal: "ahora esos recursos públicos en mano de sostenedores privados, seguirán siendo públicos".
Pena para el lucro
A diferencia de lo aprobado en la Cámara Baja, la fórmula del Senado para sancionar el lucro no establece un nuevo tipo penal. Ante un desvío de recursos el sostenedor deberá reintegrar ese dinero y será multado. Si además la superintendencia identifica antecedentes que puedan constituir un delito, remitiría el caso a la fiscalía. La moderación de la propuesta de los diputados, habría sido producto de una presión ejercida por la DC.
Los diputados siguen en detalle el trabajo que realizan sus pares, ya que la próxima semana les toca ratificar o rechazar el texto. Aunque en un principio los diputados manifestaron sus críticas a los cambios que los senadores estaban realizando a la iniciativa, Camila Vallejo (PC) señaló que "a nadie le conviene hoy día una comisión mixta, al menos los que queremos una reforma estructural. Nosotros como bancada no tenemos presencia en la mixta". Ello pese a que reiteró sus reparos frente a algunos de las modificaciones.
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