Una vez más, el Gobierno decidió marcar su punto de vista en el debate sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11. Así lo confirmó hoy martes, pues el Ejecutivo volvió a renovar la "suma urgencia" al proyecto al que solo le resta ser aprobado por la Sala del Senado.
La acción implica que la iniciativa debe ser analizada por la Cámara Alta en un plazo de 15 días, pero no es la primera vez que La Moneda ha enviado dicho mandato al Congreso. De hecho, solo en marzo de este año se ha presentado tres veces la misma urgencia legislativa, pero todavía el proyecto no es debatido por la instancia.
Previamente, el 2 y el 16 de este mes el Senado también había dado cuenta de que el Gobierno apuntaba a zanjar la iniciativa en las siguientes dos semanas, movimiento que no tuvo respuesta por parte de la mesa de la Corporación. En esta oportunidad, el TPP-11 es uno de los 36 proyectos de ley a los cuales el Ejecutivo retiró e inmediatamente presentó la "suma" urgencia.
Cabe recordar que, tras más de un año sin movimientos en el Parlamento, en enero de este año el Gobierno sorprendió al descongelar la tramitación de la iniciativa, aplicando "discusión inmediata" a su debate, lo que daba un plazo de seis días al Senado para aprobar o rechazar el TPP-11.
La noticia, sin embargo, no fue bien recibida por la en ese entonces mesa de la Cámara Alta, y de hecho, la directiva liderada por Adriana Muñoz decidió no poner en tabla para discusión el proyecto de ley. Luego de ello, el 13 de enero el Ejecutivo aplicó la primera "suma urgencia" que recibió la iniciativa este año, la cual no tuvo efecto alguno en el debate legislativo, y que fue renovada los primeros días de marzo.
El TPP-11, firmado en marzo de 2018 en Santiago, ha generado resquemores tanto dentro como fuera de las paredes del Congreso. Si bien el canciller Andrés Allamand se jactó en enero del trabajo que habían realizado con los parlamentarios de oposición para conseguir el respaldo a la iniciativa, varios senadores reafirmaron su postura en contra. Y, fuera del Legislativo, algunos han criticado que el tratado podría generar, por ejemplo, impactos negativos en la soberanía nacional.
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