En esta semana de trabajo en terreno, los parlamentarios de oposición se han dado más tiempo para analizar a fondo el contenido del proyecto de presupuestos. Y entre más lo analizan, menos de acuerdo están con algunas de las innovaciones del gobierno en su primera propuesta al Congreso. De ahí que en la Cuarta Subcomisión Mixta se optara por dejar pendiente, entre otras, una glosa que permite el tratamiento de datos personales para casos en que se aspire a beneficios sociales, de manera que sea revisada en la Comisión Mixta.
Así lo informó la presidenta de la Cuarta Subcomisión, senadora Yasna Provoste (DC), a Diario Financiero. Pero, cuál es la complicación que transmite la senadora, en calidad de vocera de su sector.
Por lo pronto, según la parlamentaria opositora, el Ejecutivo eliminó del proyecto glosas que exigían que se informara al Congreso “sobre diversos programas sociales” alojados en los ministerios de Educación y Salud, entre otros, volviendo los procesos “menos transparentes”, pero también, “evitando el mejor seguimiento de la ejecución de las políticas y de la inversión”.
En este sentido, desde la oposición advierten que “no compartimos la eliminación de glosas de información y las repondremos en la Comisión Mixta, para que se envíen vía digital a un repositorio de información presupuestaria que deberá administrar el Congreso”, anunció, además, Provoste.
Otra innovación al proyecto de presupuesto
¿La otra crítica? Adicionalmente, el gobierno incorporó una glosa relativa al tratamiento de datos personales a las partidas de todos los ministerios y Presidencia que, desde el punto de vista de los legisladores de oposición, no corresponde.
Se trata de la glosa que establece que “por el hecho de solicitar algún beneficio o prestación financiado con cargo a esta Partida, se deja constancia que, de acuerdo con la normativa vigente, los solicitantes han facultado el tratamiento de todo dato personal por parte de los organismos de la Administración del Estado, para la verificación del buen uso de los recursos públicos, dentro del ámbito de sus competencias”.
Esta se adjuntó en las partidas de todos los ministerios incluida Presidencia: Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, Ministerio de RREE, Defensa, Hacienda, Bienes Nacionales, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Segegob, Desarrollo, Segpres, Energía, Medio Ambiente, Del Deporte, De la Mujer, Cultura, Ciencia, Seguridad Pública y Presidencia. Y, según se comentan desde el Ejecutivo, la idea de la glosa es adaptar los contenidos del Presupuesto a la norma de protección de datos.
En cambio, no figura en las partidas de la Contraloría, el Poder Judicial, el Congreso, Ministerio Público, Servicio Electoral, Gobiernos Regionales y Tesoro Público.
La oposición también presentó reparos a esta glosa, alegando que es “es jurídicamente defectuosa; está mal diseñada, ya que su redacción actual no satisface las bases constitucionales del derecho a la protección de datos personales (artículo 19 N° 4 de la Constitución) ni su nuevo régimen legal establecido en la nueva ley 21.719”.
Aunque está ubicada en distintos niveles de las partidas de todos los ministerios, en las filas opositoras destacan especialmente aquellas que “financian los principales beneficios sociales del Estado: educación, salud, vivienda, desarrollo social, trabajo y previsión social”, asegurando que “el consentimiento no se presume ni la postulación a un beneficio social es una autorización; el consentimiento, así lo establece la nueva ley de protección de datos personales, es una manifestación específica, inequívoca e informada de cada persona”, enfatiza Provoste.
Por eso, dice la senadora, “en la Cuarta Subcomisión Mixta hemos dejado pendiente esa glosa para su revisión en la Comisión Mixta”.
Marcelo Drago: “Cabe casi cualquier uso”
El artículo a que hace referencia la oposición, el 19 N° 4 de la Constitución, establece que la Carta Fundamental “asegura a todas las personas, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.
Una interpretación similar hace el presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales y socio de Data Compliance, Marcelo Drago. A su juicio, la protección de los datos personales es “un derecho fundamental de carácter civil y político”, garantizado por el artículo 19 N° 4 de la Constitución.
Por eso, detalla que “cualquier facultad del Estado que limite su ejercicio debe establecerse con límites y resguardos precisos: qué datos, qué órganos, con qué finalidad, por cuánto tiempo y con qué garantías para sus titulares” y el diagnóstico de Drago es que “esta glosa no tiene ninguno”.
Además, advierte que una autorización sobre “todo dato personal”, sin distinguir ni excluir datos sensibles, como la salud o la situación socioeconómica,
“choca con el principio de proporcionalidad de la nueva ley de datos personales”.
La finalidad tampoco está determinada en el proyecto de presupuestos, plantea Drago, según quien ‘la verificación del buen uso de los recursos públicos’ “es tan amplia que cabe casi cualquier uso, por cualquier órgano del Estado. Y pedir un beneficio no equivale a consentir, porque la ley exige un consentimiento libre, específico e informado. Fiscalizar el gasto social es legítimo, pero si el Estado quiere cruzar registros debe hacerlo por ley permanente, con órganos, datos, finalidad y garantías definidos, no con una glosa presupuestaria que se aprueba sin debate”, subrayó.
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