La última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, del pasado 1 de junio, dejó varias frases y algunos anuncios. En lo primero, destacó la interpelación del Ejecutivo al Congreso para avanzar en uno de los puntos más sensibles de la agenda de seguridad: la flexibilización del levantamiento del secreto bancario.
El plazo para ingresar indicaciones al proyecto quedó fijado hasta el próximo 27 de junio. Ayer, el texto fue aprobado en su idea de legislar por unanimidad (9 votos) en la comisión de Seguridad de la Cámara.
Dicho tópico se está discutiendo hoy en el Congreso al alero del proyecto de ley de inteligencia económica contra el delito, que permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda acceder a la información bancaria de personas investigadas por delitos de crimen organizado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo sin requerir una autorización judicial previa, a diferencia de lo que ocurre hoy.
Sin embargo, dicho artículo fue rechazado en el primer trámite en el Senado, lo que derivó en la interpelación de Boric a los congresistas: “No se puede pedir en la mañana más eficacia contra el crimen organizado y votar en la tarde contra el levantamiento del secreto bancario”, lanzó el mandatario.
El Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados en esta materia. De hecho, en la tarde de este miércoles la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados votará la idea de legislar de la norma, en una sesión a la que están invitados el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria del ramo, Heidi Berner, así como representantes de los casinos de juego y de las firmas de apuestas en línea.
En dicha instancia, se oficializará que el Gobierno y la comisión iniciarán conversaciones para destrabar el proyecto y explorar cambios que viabilicen la flexibilización del secreto bancario para investigaciones de crimen organizado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquello se materializará a través de una mesa de trabajo integrada por asesores técnicos de los diputados de la comisión y representantes de Teatinos 120, para dar forma a indicaciones sobre la materia.
Los tópicos a analizar
La comisión será encabezada por el abogado Sergio Mancilla, quien es asesor de la presidenta de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario (PNL).
"Hasta ahora hemos escuchado opiniones en la comisión a través de audiencias. Yo creo que el tema del secreto bancario se va a ver bien en la discusión en particular y ahí puede que el Ejecutivo reponga algunas cosas, pero lo más probable es que algo como el secreto bancario no se apruebe", adelanta Naveillán, dando cuenta del escenario cuesta arriba que enfrenta la propuesta.
La comisión técnica comenzará a sesionar este viernes y tendrá como contraparte del Ejecutivo a Berner y a la coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda, Consuelo Fernández.
Pero en el grupo no solo se tratará el tema del secreto bancario, sino también una serie de otros tópicos, como las atribuciones que tendrá la UAF, el aseguramiento de la protección de datos y el tratamiento que se les dará, y los cambios institucionales que se incluyen, así como el rol que tendrá el Ministerio Público en el nuevo sistema.
Por su parte, el diputado de la UDI e integrante de la comisión de Seguridad Pública, Jorge Alessandri, enfatiza que el secreto bancario ya se puede levantar hoy en el país previa autorización de un juez: "Se hace en menos de 48 horas, siempre que lo piden el tribunal accede. El Gobierno quiere que se haga sin el control judicial y hacerlo a través de la UAF. Vamos a insistir en nuestra tesis, ya que como comando de Evelyn Matthei proponemos que se pueda levantar el secreto bancario sin orden judicial para funcionarios públicos por un tema de probidad, pero mantener el control judicial para las personas naturales y privadas".
En el marco de la reforma tributaria de 2022, el Ejecutivo ya había planteado flexibilizar el secreto bancario para investigaciones relacionadas a evasión y elusión, dándole más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin embargo, el rechazo de la idea de legislar del texto en 2023 y el reordenamiento de la propuesta en la Ley de Cumplimiento Tributario implicó desechar esa idea original, manteniendo el control judicial previo pero simplificando el procedimiento.
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