El nuevo año trajo novedades en materia tributaria en Chile.
Esto porque esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer que el gobierno prepara un proyecto de ley que exime del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR).
Los ARP son cooperativas o agrupaciones sociales que administran y entregan comunitariamente el recurso hídrico en comunidades tradicionalmente de difícil acceso o con problemas de escasez.
En el marco de la sesión de la comisión de Hacienda del Senado, convocada para abordar la polémica por la entrada en vigencia del IVA para prácticamente la totalidad de los servicios en el país a partir del primero de enero, el secretario de Estado detalló que primero se constituirá una mesa de trabajo entre asesores tributarios de Hacienda, del Ministerio de Obras Públicas y representantes de los comités de APR. Luego, señaló que esperar ingresar un proyecto de ley durante marzo próximo.
La noticia se da ante las quejas de representantes de los comités de APR, quienes denunciaron que a partir del domingo comenzaron a recibir boletas recargadas de IVA para algunos de sus gastos, además de verse obligados -dijeron- a cargar el impuesto en las cuentas que pagan sus clientes.
Marcel, eso sí, señaló que el proyecto de ley no es en respuesta a la entrada en vigencia de la ley que grava con IVA a los servicios, en el marco del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sino que nace debido a que identificó una serie de interpretaciones "contradictorias" y "erróneas" de parte de las autoridades desde mediados de los 90 que implicó que desde 2016 los comités de APR paguen IVA.
Así, señaló por ejemplo que en 1995 la ley estableció que dichos organismos están exentos del IVA, pero una interpretación administrativa del Servicio de Impuestos Internos (SII) de 1996 resolvió que sí deberán pagar ese gravamen a menos que realicen la distribución de agua a costo, sin generar una utilidad.
"La instrucción anterior es abiertamente errónea pues llevaría al absurdo que cualquier venta sujeta a IVA dejaría de estarlo sólo por no generar una "utilidad", rompiendo la lógica del impuesto que grava una venta o servicio, no la rentabilidad", señaló Marcel en una presentación que realizó a la comisión.
Entre las condiciones que establecerá la ley para acogerse a la exención, Marcel detalló que los comités o cooperativas de ARP deberán demostrar que no tienen fines de lucro, tener la autorización respectiva para operar, que sus operaciones sean a costo y emitir el documento tributario exento de IVA respectivo.
Por su parte, el director del SII, Hernán Frigolett, informó que el organismo emitió una resolución que prorroga hasta noviembre de este año la exención de IVA para los APR, con lo cual emitirán documentos tributarios exentos del gravamen.
IVA a servicios
En paralelo, nuevamente gremios de colegios profesionales y Pymes arremetieron contra la entrada en vigencia del IVA a la totalidad de los servicios.
Así, representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) y del Colegio de Contadores, advirtieron sobre lo que consideran efectos negativos de la medida y pidieron a Marcel postergar su entrada en vigencia para así estudiar sus eventuales efectos.
Sin embargo, el ministro se mantuvo firme y señaló que "no es parte de la agenda" del ministerio postergar esta medida, ya que "no se puede improvisar" con las finanzas públicas y recortar US$ 500 millones de gasto público, que es el equivalente a la recaudación prevista por los cambios tributarios para financiar la PGU.
"No está en la agenda del gobierno ni derogar lo que se aprobó ni postergar el corazón de esta medida tributaria. Por lo tanto, no podemos estar improvisando la política fiscal", enfatizó la autoridad.
En tanto, el senador Daniel Núñez (PC) solicitó que se invite a la comisión a los exministros de Hacienda Ignacio Briones (2019-2021) y Rodrigo Cerda (2021-2022), quienes fueron los encargados de legislar sobre el IVA a los servicios. El primero a través de una comisión de expertos que sugirió eliminar exenciones a algunas prestaciones, y el segundo mediante el proyecto de ley que el Congreso aprobó en enero del 2022.
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