El cambio de mando en el Servicio de Impuestos Internos (SII) en marzo del 2022 no solo trajo aparejado un nuevo director -entró Hernán Frigolett y salió Fernando Barraza-, sino también un movimiento de timón en uno de los temás que mayores dolores de cabeza le trajo a la entidad en la última década: la persecución penal de los delitos tributarios.
Es que una de las máximas del anterior titular del SII era restringir la presentación de querellas y denuncias por delitos fiscales como la última alternativa y hacerlo de manera nominalizada. O sea, identificando con nombre y apellido a los imputados, dejando atrás la doctrina de perseguir “a todos quienes resulten responsables”.
Aquello mutó con la llegada del extesorero general de la República al piso 6 de Teatinos 120, decisión que se ha reflejado también en los distintos indicadores.
“Nuestra estrategia apunta a entregar un mensaje claro a la ciudadanía: nadie puede afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos”, dice el director del SII, Hernán Frigolett.
Así, según datos del SII, el año pasado el organismo presentó 123 querellas por la eventual comisión de delitos tributarios, un incremento de 9,8% respecto al 2021. En lo que va del año (enero-mayo), se han ingresado 34 acciones de la misma naturaleza ante los tribunales.
Como consecuencia de lo anterior, la cantidad de imputados en dichas querellas aumentó un 22,5% respecto a 2021, totalizando 310 personas. En lo que va de 2023, 94 individuos han sido querelllados por el servicio en distintas causas.
Otros indicadores en la materia son los querellados en casos terminados, que totalizaron 277 personas en 2022, disparándose 108,2% respecto al año previo.
¿Y la cantidad de querellados cuya sentencia fue favorable a la administración fiscal? El año pasado totalizaron 207, lo que entrega una tasa de éxito de un 74,7%, levemente menor al año previo. Pero en lo que va de este ejercicio, dicha proporción sube a 88,1% (ver tabla).
Por resultado favorable se entiende una situación con fallo de condena o salida alternativa para el contribuyente.
El perjuicio fiscal involucrado en estos casos asciende a más de $ 71.317 millones, o US$ 89,1 millones al tipo de cambio actual.
Los casos más bullados
El organismo ha buscado acelerar los procesos penales donde se presume la concreción de delitos tributarios y que reducen la recaudación fiscal. Muestra de esto es un convenio firmado con el Ministerio Público a inicios de junio, mediante el cual ambas instituciones acordaron implementar todas las acciones posibles para agilizar los procesos de análisis e investigación y fortalecer los mecanismos que garanticen la efectividad del proceso sancionatorio.
“Nuestra estrategia en materia de persecución penal del delito tributario apunta a entregar un mensaje claro a la ciudadanía: nadie puede afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Con esto además buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”, dice el director Frigolett.
En el detalle, hay tres casos en que el SII inició acciones penales que destacan por los altos montos defraudados al Fisco.
Así, el 11 de julio de 2022 el SII presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, contra Patricio Ricardo Salgado Vera, Guillermo Rodríguez Gaete, Patricio Yori Ramírez Figueroa, quienes a través de distintas sociedades realizaron sucesivas maniobras fraudulentas -según el SII- para obtener devoluciones indebidas de impuestos por concepto de IVA exportador entre 2017 y 2019, vinculadas a la exportación de berries, con un perjuicio fiscal superior a los $ 8 mil millones. Uno de los involucrados está también vinculado con una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.
El 16 de agosto de 2022, el servicio se querelló ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en contra del representante legal de la Sociedad Real y Compañía, Laju Nandwani Vaswani, por la presentación de declaraciones maliciosamente falsas de IVA entre 2015 y 2020, al enajenar vehículos provenientes de zonas francas, sin recargar el IVA débito fiscal al que estaba obligado, generando un perjuicio fiscal superior a los $ 1.800 millones.
Otros casos destacados son las seis acciones penales por delitos tributarios vinculados al rubro de producción y comercialización de madera, en la las regiones de Maule, Biobío y La Araucanía que podrían vincularse con el mercado ilegal de la madera.
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