Por María Marañón
La eliminación del DL 600 es uno de los elementos del proyecto de reforma tributaria que más controversia viene suscitando. Algunos expertos y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) han alzado la voz para expresar su preocupación ante la derogación de esta herramienta de fomento de la inversión al entender que la inversión extranjera directa (IED) podría verse resentida, pese a que el Ministerio de Economía se encuentra inmerso en el estudio de otras alternativas de reemplazo.
El experto tributario Marcelo Laport, socio de Grasty Quintana Majlis & Cía, considera que la supresión de dicho mecanismo reduciría la rentabilidad de los proyectos dado que los ingresos de las mineras están fijados por el contexto internacional y que desalentaría las nuevas inversiones.
“Los proyectos mineros son tan intensivos en el uso de capital que no se puede hacer una inversión como Pascua Lama, grande, para ganarte un 2%. En cierta medida, uno podría entender que este tipo de medidas disminuye la posibilidad de tener una rentabilidad más alta para esa tremenda inversión que se hace y con los riesgos que conllevan”, comenta.
Asimismo, advierte que si bien la mayoría de las inversiones no se canalizan a través del DL 600, aquellas que utilizan este mecanismo tienen objetivos de permanencia en el país.
Además, considera que los planteamientos de anticonstitucionalidad que han pesado sobre varias iniciativas de la reforma, junto con la percepción de poca estabilidad tributaria en el país, podrían generar incertidumbre para el extranjero. Por lo anterior, defiende que en este escenario se conserve el actual mecanismo.
“Esta medida contribuye a desincentivar que los inversores tengan claras las reglas del juego. El DL 600 se estaba ocupando cada vez menos y no era tan necesario tener el beneficio de la invariabilidad tributaria, pero hoy día uno podría sostener lo contrario. Sería interesante tenerlo”, agrega.
Mercado de bonos
Junto a ello cree que la iniciativa guarda “algo de ideológico”. “El fundamento que tienen las autoridades para presentar el proyecto es que al lograr mayor equidad en la distribución del ingreso, se va obtener mayor paz social, logrando un ambiente más atractivo para el inversionista. Si uno lo interpreta así podría pensar que la autoridad tiene razón, pero no sé si con las medidas que se proponen el inversionista va a privilegiar tanto el ambiente propicio para invertir en relación con la rentabilidad que le va a dar la inversión”, asegura.
Por otra parte, estima que su anulación tendría efectos notorios para los inversionistas que adquieren bonos porque se enfrentaría a un escenario complejo al tener que pagar impuestos en Chile más allá de que remesa o no las utilidades en el extranjero.
“Si eso es así, tiene un tema de caja relevante. Hay un costo financiero para el inversionista que, estimo, tiene que ser relevante. Uno podría concluir que es un desincentivo para la inversión”, añade al señalar, además, que los países desarrollados tomaron medidas similares cuando ya alcanzaron ese nivel.
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