Por Jimena Catrón Silo
A pesar de que la semana pasada el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, se anotó una victoria en el marco de la polémica por los resultados del Censo, luego de que la comisión internacional de expertos recomendara no realizar un nuevo proceso, lo cierto es que esto no influyó en el complicado escenario judicial que enfrenta. Esto, porque la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, de la Fiscalía Centro Norte, habría logrado construir la tesis respecto a que el documento tiene la calidad de instrumento público. La importancia de esto está en que, de esta forma, se podría configurar el delito de falsificación de éste. Además, la Fiscalía ya ha recibido varias “señales” que apuntan en esta dirección por parte de reputados abogados. Así, se deja la puerta abierta a la solicitud de formalización de los implicados.
Cabe recordar que en este caso, quienes podrían responder por los eventuales delitos serían Francisco Labbé, Eduardo Carrasco, jefe del proyecto Censo 2012; y Sebastián Mathews, asesor comunicacional. La razón está en que al ser una organización descentralizada, las responsabilidades no llegarían a ninguna dependencia del Ministerio de Economía, del que depende el INE.
Lo avanzado
Por otro lado, algunos de los avances en la investigación tendrían relación con que el Censo no habría logrado cumplir con el requisito, que se encuentra estipulado en la metología, de cumplir con las recomendaciones internacionales.
A esto se suma la falsedad, la cual debe ser relevante -y en este caso lo sería-, en relación a la forma en la que se constituyeron los totales.
Según comentó el fiscal a cargo del caso, José Morales, en una entrevista anterior a DF, de acuerdo a la información que ya había sido recopilada, se comprobaba la manipulación de datos, lo que daría origen al delito de falsificación de instrumento público. En esa oportunidad, Morales señaló que dicha manipulación se hacía evidente cuando se analizaba la información que existía realmente y lo que finalmente se publicó. Así, se observaba el incumplimiento de los parámetros y recomendaciones internacionales que deben seguirse en cada Censo.
Además, los datos que han sido levantados acreditarían también la existencia de dolo en las actuaciones de Francisco Labbé, como también del ex jefe del proyecto Censo 2012, Eduardo Carrasco, quienes ya se encuentran en calidad de imputados por la fiscalía
Lo que dice la ley
Según el Código Penal, en su artículo 193, “será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad” en distintas situaciones, que se enumeran en ocho, e incluyen el suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales, alterando las fechas verdaderas, entre otras. Sin embargo, en el número 6 se incluye “haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido”. Ahí está el punto que fundamentaría la eventual configuración del delito.
A pesar de lo avanzada que se encuentra la investigación, aún falta un documento que es considerado crucial en este caso, que es el informe encargado a la Cepal-Celade. Esto porque la entidad es la que establece cuáles son los estándares internacionales que se recomienda aplicar, por lo que los resultados que arroje respecto al cumplimiento o no de los mismos es relevante en el proceso.
Cabe recordar que la comisión de expertos internacionales convocado por el INE, recomendó al organismo que publique los datos recopilados para que sean usados por otras instituciones y personas. “Constatamos que el porcentaje de datos faltantes para la mayoría de las variables del cuestionario es bajo. La tasa de ‘no respuesta’ de las viviendas ocupadas y el porcentaje de las viviendas desocupadas no están alejadas de la experiencia de otros países. Países con tasas de no respuesta similares han usado sus datos censales”, señaló el informe final de los especialistas”.
Censo 2012: tiempo de definiciones
Las definiciones que deberá tomar el INE respecto del futuro del Censo 2012 están en la recta final. Tras el informe entregado hace dos semanas por la comisión de expertos internacionales, quienes recomendaron que los datos recogidos por el último censo de población y vivienda podían ser utilizados para determinar políticas públicas, la dirección de la entidad deberá definir si acoge esta recomendación y libera los datos o acepta la opción de repetir el censo, tal como propuso la comisión local. Este proceso no ha estado exento de polémicas. De hecho, la comisión de expertos nacionales encabezada por Osvaldo Larrañaga, economista del PNUD, y David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la semana pasada emitió una declaración pública donde refutaba el resultado de la investigación de los expertos extranjeros y en que desmitificaba que los resultados de esa primera "auditoría" al Censo haya sido descartar todos los resultados, como dio a entender el INE, sino que algunos datos sí podían utilizarse. Y es que tal como señaló Larrañaga, el porcentaje de omisión de 9,3% que presenta el censo 2012 es demasiado elevado, incluso a nivel regional, donde sólo es superado por Perú, que tuvo que repetir el proceso.
A pesar de tener esta evidencia, el gobierno ya se ha mostrado proclive a usar los datos con un apartado metodológico que entregue detalles de cómo se realizó el proceso censal. Por su parte, los funcionarios del INE criticaron duramente esta opción, argumentando que esto desacredita el trabajo que realiza la institución en el proceso de recolección de datos a nivel nacional.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
