La agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings, recibió como una señal política más que económica el cambio de gabinete realizado por la presidenta Bachelet a comienzos de esta semana.
"La modificación en el gabinete de Chile no indica un cambio importante en la política económica y parece estar más bien destinada a revigorizar la agenda del gobierno después de una caída en la popularidad de la presidenta", expuso la agencia en un informe.
Todo esto en el marco de las variadas investigaciones por corrupción, una economía débil y una recepción mixta de la agenda de reformas que impulsa el gobierno, lo que "dañó" el índice de aprobación de la presidenta, de acuerdo a la clasificadora.
En esa línea, destacó los últimos resultados de la evaluación del gobierno realizada por Adimark, medición donde la popularidad de Bachelet cayó a 31% en abril desde el 54% que ostentaba la autoridad al comienzo de su mandato.
Bajo este panorama, indicó que las modificaciones -entre ellas, la llegada de Rodrigo Valdés al ministerio de Hacienda- "no representan un cambio significativo en la política económica y fiscal chilena".
De hecho, espera que el gobierno continúe con su marco de política fiscal basado en reglas, "incluyendo una consolidación fiscal gradual destinado a alcanzar el balance estructural a 2018".
¿Las principales dudas en torno al nuevo gabinete? Según Fitch, queda por ver si los ajustes revitalizarán los esfuerzos del gobierno para legislar las reformas planeadas y que actualmente se están debatiendo, como la laboral o educacional, o se comenzará a debatir próximamente, como es el caso del tema constitucional.
Clasificación soberana firme
Respecto a la clasificación soberana de Chile, reafirmada en A+ -con perspectiva estable- a comienzos de mayo, la agencia reiteró que la consistencia y previsibilidad política, así como los fuertes estándares de gobierno "representan los puntos fuertes de la calificación de Chile".
Fitch recordó que no considera que los casos de corrupción que afectan actualmente al país sean significativamente para la fortaleza institucional del país en este momento, "a pesar de que podrían proporcionar una prueba para sus instituciones con el fin de afianzar la responsabilidad pública".
Con todo, cree que una respuesta a esto "ya está próxima", a raíz de las investigaciones que está llevando a cabo el poder judicial y las propuestas de los legisladores para reforzar las leyes de financiamiento en la política.
"El progeso aquí podría mejorar la confianza pública en las instituciones políticas chilenas", concluyó el reporte.
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