Nueve instrucciones que buscan velar por la austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos en el sector público hizo llegar Hacienda a una serie de reparticiones, entre las que se cuentan ministerios, subsecretarías, direcciones de servicios, intendencias, gobernaciones y superintendencias.
Se trata de una línea de acción que se condice con la tarea encomendada por la presidenta de la República, explicó el jefe de las finanzas públicas, Alberto Arenas.
En primer lugar, la circular da cuenta de la actualización que hizo la cartera de las normas vigentes de austeridad y eficiencia en la utilización de dineros destinados a gastos de publicidad, difusión y suscripción.
Entre otros puntos, se instruyó el no destinar platas a la impresión de memorias institucionales ni efectuar gastos para la elaboración de artículos de promoción institucional (como cuadernos, calendarios o lápices), y evitar recibir estos como regalos de proveedores.
También se pidió racionalizar el uso de suscripciones a medios de información.
Sobre los gastos de representación, se planteó que las autoridades deben realizarlos en total observancia de las normas que los regulan y con montos consecuentes con la austeridad que deberá observarse en materia de inauguración, aniversarios, atención a autoridades, delegaciones y otros análogos.
En otro pasaje, la circular recalcó que únicamente se debe contemplar vehículos fiscales para la utilización de ministros, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes y gobernadores, pudiendo mantener un vehículo de respaldo; vehículos para el traslado de funcionarios que, por la naturaleza de sus funciones, lo requieran y vehículos de trabajo necesarios para el desarrollo de las labores operativas de la institución.
Se agregó que el uso se debe limitar sólo a tareas propias del servicio y vinculadas estrechamente a cometidos funcionarios impostergables.
A contar del 30 de junio, los vehículos asignados a funcionarios distintos de los citados, deberán ser dados de baja y enajenados en un plazo no superior a 60 días.
Pasajes, sueldos y otros gastos
En el ámbito de las comisiones de servicio en el país y en el extranjero, se establece una serie de criterios para la compra de pasajes aéreos destinados a viajes internacionales y nacionales, con la definición de dos categorías de funcionarios que tendrán derecho a cada una de las siguientes clases de pasajes: para ministros de Estado, subsecretarios y jefes de servicios e instituciones: hasta Clase Ejecutiva en aquellos viajes de más de 7.000 kilómetros; y para funcionarios de los siguientes niveles jerárquicos Clase Económica o Turista.
Además de una mirada más estricta de las horas extraordinarias, el instructivo reitera que los montos mensuales de los honorarios de personas naturales no podrán superar la remuneración bruta mensualizada del subsecretario, intendente o jefe superior de servicio.
En otros puntos, el instructivo establece que las autoridades deberán revisar para reducir o suprimir, todos aquellos gastos que no tengan una justificación plena, relación directa o sean sustituibles, en relación con las actividades prioritarias de la entidad, "tales como la disponibilidad de teléfonos celulares, notebooks, internet móvil u otros similares provistos por la entidad a sus funcionarios, como también la realización de eventos, reuniones y seminarios".
Acuerdo UAF- Chilecompra
Con el fin de profundizar la probidad y buen uso del sistema de compras públicas chileno, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y los directores de ChileCompra, Trinidad Inostroza, y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, se reunieron ayer para coordinar un plan de acción conjunto entre estos dos servicios.
Lo anterior, en el marco del convenio de colaboración entre la UAF y ChileCompra y la vigencia de la Ley
N° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.
Por lo anterior, la UAF comprometió su participación en diversos seminarios y cursos organizados por ChileCompra, dirigidos tanto a las instituciones públicas compradoras de bienes y servicios como a las empresas proveedoras, para explicar los alcances de la nueva normativa antilavado de activos vigente en el país.
"Debemos trabajar decididamente en fijar nuevos estándares en materia de probidad y transparencia para el sector público y privado. El Estado debe empujar este carro, explicando y difundiendo, por ejemplo, los alcances de la nueva normativa antilavado", afirmó el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
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