El concepto de transparencia en la política comenzó a tener relevancia en la agenda de los gobiernos de la ex Concertación en el año 1994, específicamente con la Comisión de Ética Pública que formó el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Allí, se propusieron 41 medidas, 36 de las cuales funcionan hasta el día de hoy.
Han pasado 20 años y hoy el escenario político se ha visto removido por las sendas investigaciones que el Ministerio Público está llevando en orden a esclarecer fraudes tributarios, supuestas boletas falsas utilizadas para financiar campañas políticas; como el eventual tráfico de influencias y negociaciones incompatibles.
Todo ello bajo un hilo conductor: la ambigua y poco clara relación entre los negocios y la política.
En ese contexto, tanto el abogado constitucionalista, Patricio Zapata y el ex secretario general de la Presidencia y actual presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo, coinciden en que es necesario revisar y fiscalizar cómo hasta ahora han funcionado las normas, para clarificar cuáles realmente son las falencias que hoy tienen en tela de juicio a toda la clase política.
"Alguien debería revisar las 41 propuestas (de 1994) y revisar lo que se ha hecho, lo que no, y lo que se ha hecho a medias", expresa Zapata, mismo diagnóstico que realiza Viera-Gallo.
Ahora bien, respecto a los pasos a seguir y cómo hacer las modificaciones tanto administrativas como legislativas a las cuales se comprometió el Ejecutivo el pasado miércoles tras el comité político, Zapata cree que el aumento de sanciones, revisar la declaración de intereses y las facultades de los órganos fiscalizadores deben ser un punto neurálgico a los que se debe apuntar. Sobre el último punto, afirma que "se podría pensar en darle más poder a la Contraloría, quizás robustecer el Consejo para la Transparencia o el Consejo para la Alta Dirección Pública o crear otro órgano". Sobre las sanciones sostiene que "ante una violación muy grave de la Ley de Financiamiento Electoral, la sanción sea equivalentemente grave como la pérdida del escaño que se ganó con malas artes, no me parece que una multa sea disuasiva".
Viera-Gallo, en tanto, al mundo empresarial: "Habría que pensar también en una serie de medidas para mayor transparencia en el sector privado, por ejemplo está el actual debate sobre la modernización de la Bolsa de Comercio", explica.
La próxima semana el gobierno debería anunciar los cambios que pretende hacer al Servel, para su fortalecimiento. Zapata cree que es fundamental revisar su rol: "El solo hecho de administrar una elección tiene sus propias complejidades, y el servicio tiene una tradición respetable, pero, quizás, tener una entidad que fiscalice día a día a los partidos políticos podría ser una superintendencia".
En tanto, el ex ministro de la Segpres del gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, apunta a revisar lo hecho en los últimos años: "La agenda de probidad y transparencia que ha sido la característica de Chile en las últimas décadas y que se ha construido de manera consensuada entre todos los sectores es la que hay que retomar con urgencia".
Visión de Hacienda
Ayer, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, resaltó la importancia de fortalecer las instituciones. "Es una oportunidad que tenemos en Chile para que justamente consolidemos nuestras instituciones y coloquemos en el centro lo que nos convoca, que es que tengamos un crecimiento sostenido en Chile y bienestar para las familias", dijo. Hacienda es uno de los ministerios del comité político mandatado por la Presidenta para elaborar el nuevo marco regulatorio
Sofofa dispuesta a colaborar con propuestas
La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) valoró el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet respecto a regular la relación entre la política y los negocios y adelantó su interés porque las propuestas del gremio en la materia sean consideradas en el debate que se dará al respecto.
A través de un comunicado los industriales confirmaron que la propuesta del gobierno tuvo una "buena acogida tuvo dentro de la Sofofa", además que "consideran que los hechos recientes han confirmado que la ausencia de una institucionalidad con regulaciones adecuadas en la materia, daña tanto a las empresas privadas como a la política".
En este sentido, agregan, que sería fundamental avanzar en acciones que recojan la experiencia de ambos mundos para dar mayor transparencia a esta relación.
"Nos encontramos entre los primeros interesados en que se cree un nuevo marco que deje en el pasado estas malas prácticas, para que la empresa y la política cumplan con transparencia y sin interferencias los indispensables roles que cada una juega en la vida del país", aseguró Hermann Von Mühlenbrock, presidente de la SOFOFA.
Asimismo, Von Mühlenbrock expresó su interés para colaborar en esta materia, asegurando que estamos "dispuestos a prestar toda nuestra colaboración a este propósito del gobierno y esperamos que nuestra opinión sea escuchada."
De igual forma el gremio manifiesta la necesidad de que los procesos judiciales en curso continúen de manera independiente, transparente y eficaz.
Cómo se trata al tráfico de influencias en el mundo
Una de las aristas más relevantes en la relación entre el sector público y el privado es la que concierne al tráfico de influencias, por lo que entidades internacionales y gobiernos han hecho frente al tema en años recientes.
La "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", ratificada por Chile, insta a los Estados parte a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito el tráfico de influencias. Este texto va en línea con el artículo 12 de la "Convención Penal sobre Corrupción" de la Comisión Europea, y que ha llevado a cambios en legislaciones de sus miembros.
Una solicitud similar realiza a Cámara de Comercio Internacional –perteneciente a la OMC- en sus "Reglas para Combatir la Corrupción".
En Chile el tema está contenido en el Código Penal y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se entiende como "hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero".
De acuerdo al Código Penal chileno –tras su modificación en 1999- el tráfico de influencias puede ser penado con reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo, además de una multa.
En España, las penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel. Mientras, en Francia está penado con cinco años y una multa que puede llegar al medio millón de euros. Sin embargo, la mayoría de los países europeos no contempla el tráfico de influencias como un crimen que sea penado con cárcel, según consigna un estudio realizado por la OCDE.
Cristóbal Bellolio: "El caso Dávalos le regala el argumento del empate a la oposición
Por Claudia rivas Arenas
-¿Cómo cree que la presidenta Bachelet ha manejado la situación?
-No considero que su respuesta haya sido enteramente satisfactoria. Admitir dolor como madre es una cosa bastante natural y obvia, además. Condenar explícitamente el hecho es otra cosa. Creo que la Presidenta recuperaba algo de conexión con la ciudadanía si articulaba un reproche ético más robusto sobre la situación en la que se vio envuelto su hijo. Ella fue demasiado sutil.
-¿Diría que el gobierno está experimentando una crisis?
-Hablaría muy mal de nuestra institucionalidad si se genera una crisis por un episodio como éste. Prefiero reservar el concepto para casos más dramáticos. Pero evidentemente hay un daño que las encuestas ya están reportando. El gobierno venía de cerrar un año legislativo casi redondo y había quebrado la tendencia a la baja en la aprobación ciudadana. El Caso Dávalos echa a perder ese esfuerzo y le regala el argumento del empate a la oposición, que hace un mes estaba por los suelos.
-¿Es una buena señal el anuncio que se hizo de que se creará un marco regulatorio para separar política y negocios?
-Imagino que sí. El mensaje subyacente es que la Presidenta reconoce que Dávalos hizo algo feo que amerita darle una vuelta a la legislación existente. No se cambia lo que está funcionando bien. Por otro lado, es la oportunidad que estaba esperando la derecha –en especial la UDI- para reeditar la idea del gran acuerdo nacional del que participaron Insulza y Longueira en tiempos de Lagos. Es lo más inteligente que se puede hacer, antes que todos terminen más manchados en esta guerra de acusaciones cruzadas. La estrategia tiene, sin embargo, dos riesgos: por un lado, que la ciudadanía interprete que se trata de un arreglín entre la clase dirigente para zafar del cadalso. La otra, que nos pasemos para la punta con leyes beatas que terminen complicando más la ya difícil relación entre el dinero y la política.
-¿Qué medidas concretas se podrían tomar en esa línea?
Sentarse a conversar en paralelo a la investigación judicial pareciera ser una condición sine qua non de cualquier entendimiento de cara a la opinión pública. Ningún acuerdo político puede entenderse como un salvavidas. Lo segundo es pensar en un acuerdo amplio y pragmático a la vez. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. En especial me preocupa que los futuros candidatos desafiantes tengan trabas para competir en igualdad de condiciones de financiamiento con incumbentes cuyo cargo les asegura una campaña permanente.
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