El alejamiento de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respecto de varios puntos del articulado del proyecto de reforma laboral del Ejecutivo no pasó indiferente.
En entrevista con DF publicada el martes, la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, planteó directamente la eliminación del mecanismo de adaptabilidad laboral, correcciones en derecho a huelga y servicios mínimos, menos injerencia de la DT en la negociación colectiva y piso mínimo con reajuste real IPC pactado en el contrato previo.
También recuerda que "el espíritu de lo que el programa de gobierno dice en materias de reformas laborales, tiene que ver con nivelar la cancha respecto del actor más debilitado, que es el mundo sindical y no buscar falsos equilibrios, de dejar a todos contentos".
El primer actor en salir a refutar los dichos de la timonel de la CUT fue el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda. "Ella se refiere a que el mundo sindical es el actor más debilitado de la relación laboral. Esta afirmación, hoy en día, admite dudas. Al menos desde el punto de vista de los deberes de transparencia y de las sanciones por incumplimiento de las normas, la legislación es mucho más exigente con la parte empleadora", señaló.
El ejecutivo advirtió que "aprobándose la reforma el empleador quedará, en la práctica, desprotegido ante ciertos actos de los trabajadores, como pueden ser los paros ilegales. Estos no sólo afectan al empleador, sino también a los trabajadores que sí quieren trabajar y se ven impedidos a esto".
El gerente del Consejo Minero también desestimó la petición de la CUT de eliminar del texto legal la posibilidad de pactar jornadas especiales. "Considerando lo restrictivo de esta norma para poder suscribir estos pactos, no resulta razonable que la CUT se oponga a su aprobación", dijo.
Ante los reparos al proyecto, el presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez, aseveró que "la sociedad tiene que cuidar la empresa como proveedora de servicios y generadora de empleo, al parecer no existe cabal consciencia de la importancia de la empresa. El poder que el gobierno quiere darle a los trabajadores y al sindicato es imposible que sea por decreto, esto tiene que ser un proceso cultural en el que se pueda capacitar más al trabajador, de manera que pueda negociar el solo, o sea a cada individuo hay que agregarle valor. Con eso el trabajador adquiere mayor movilidad laboral".
El titular de Asimet se muestra en desacuerdo con la titularidad sindical y la eliminación de la adaptabilidad laboral. "El poder que se le va a dar a gente que no está preparada, termina en amenazas para el empresario. Añade que "también es grave fijar el piso mínimo en la negociación en época de desaceleración", dijo.
El presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, apoya que en el proyecto se incluya la posibilidad de pactar jornadas especiales, pero concede el punto de que la cancha en materia de relaciones laborales ha estado desnivelada -por ejemplo en el reemplazo en la huelga-, en desmedro de los trabajadores.
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