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Publicado: Viernes 20 de febrero de 2015 a las 04:00 hrs.
Una serie de irregularidades en los procesos de fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT) detectó una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
El informe, de 83 páginas de extensión, analizó más de 18.000 procedimientos del ente fiscalizador realizados durante 2013 en las Inspecciones Provincial de Santiago, y las Comunales Santiago Norte, Santiago Sur Oriente y Providencia.
En primera instancia, la Contraloría detectó la ausencia de un texto "actualizado o refundido" del Manual de Procedimientos de Fiscalización.
Ante esto, la entidad -dirigida en ese momento por María Cecilia Sánchez- señaló que "efectivamente" no existe un documento único sobre el tópico y revela que recién en el primer semestre de este año el Departamento de Inspección implementará un nuevo manual.
Asimismo, la auditoría arrojó que algunos expedientes de fiscalización no estarían apegados a la normativa, ante la ausencia de las presentaciones iniciales de reclamo y la omisión del informe de inicio de fiscalización.
Multas más calculadas
Uno de los puntos más llamativos de la auditoría fue que los inspectores de la DT habrían calculado erróneamente multas por infracciones a la normativa laboral.
Por ejemplo, en el caso de una multa contra la empresa Inercom Ltda., esta ascendió a 30 UTM, mientras que según Contraloría la sanción aplicable ascendería a 40 UTM debido a un cálculo erróneo del número de trabajadores de la empresa, lo que fue reconocido por el organismo.
Por otra parte, en el caso de la empresa Fábrica de Calzados Gino S.A., la sanción ascendió a 60 UTM, mientras que Contraloría consideró que la sanción correcta era de 40 UTM, también en vista al número de sus trabajadores.
"Sobre el particular (el informe de auditoría en general) corresponde que esa autoridad (la DT) adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad este organismo de control", señaló la jefa de la División de Auditoría Administrativa del órgano contralor, Priscila Jara.
Jaime Winter, el defensor de Pedro Pablo Larraín, aseguró que la anulación de la primera revocación de existencia de la AGF demostraría que “no se puede atribuir cualquier tipo de perjuicio que se haya generado a los aportantes al actuar de Sartor, sino que directamente al actuar de la CMF".
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