"Tiembla el Estado". Esa fue la reacción de varios dirigentes sindicales luego de digerir el dictamen del pasado 1 de abril de la Corte Suprema, que determinó que una persona que trabajó a honorarios durante cuatro años para la Municipalidad de Santiago y fue despedida, tuvo una relación laboral con esa alcaldía y, por tanto, se le debía pagar todo lo que se le adeudaba como si hubiera estado contratada.
Así, la cuarta sala del máximo tribunal reconoció una relación laboral entre este trabajador y el municipio, al alero del Código Laboral. También sentó jurisprudencia en una materia que podría tener al alto impacto fiscal, porque serviría como argumento para que todos los empleados que cumplen tareas permanentes y boletean en los servicios públicos y municipalidades reclamaran beneficios.
"El fallo lo vemos como un verdadero avance. Nos sorprende mucho porque anteriormente la unificación de jurisprudencia había sido a favor del Estado, entonces aún no sabemos si esto va a ser un nuevo lineamiento o algo pasajero. Llama la atención y es un aliciente para la lucha de nuestra causa justa", dice Pablo Tapia, vocero de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Sector Público, entidad gremial que nació recién en diciembre de 2014 y que señaló hoy agrupa a más de 100 mil personas a nivel país.
El dirigente explicó que el nuevo referente sindical agrupa a empleados del sector centralizado y descentralizado de la administración pública. Su objetivo es la creación de una nueva política de contratación de trabajadores a honorarios del Estado, reconociéndoles el estatus de funcionarios públicos.
Actualmente, el gremio tiene instalada una mesa de negociación con el Ministerio del Trabajo, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, para acordar una nueva gradualidad en los plazos de cotización obligatoria de los independientes a las AFP.
Tapia adelanta que hoy en la tarde se reúnen con el subsecretario Marcos Barraza, donde además del tema previsional plantearan la revisión de la contratación de los honorarios en el sector estatal.
"A priori nuestra idea principal es sentarnos con la autoridad a negociar, el fallo es una llamada de alerta para el gobierno y nosotros estamos dispuestos a ampliar las mesas de trabajo que hemos tenido", dijo Tapia.
Añadió que "lo fundamental es que el gobierno instaure una mesa de trabajo formal, estable, en la cual proyectemos el cambio contractual, las medidas de traspaso y que los que sigan siendo honorarios tengan derechos y no sigan precarizados. Hay gente que lleva 20 años de servicio en esta calidad. Estamos esperando la reacción, que sinceramente ha sido bastante lenta por parte de Hacienda".
En ese plano, el dirigente señaló que ya solicitaron una reunión con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, para abordar la situación de los honorarios, pero aún no han tenido respuesta. También informó que el 16 de mayo tendrán un congreso nacional para ver con las bases "si vamos a volver a salir a la calle o si presentaremos una demanda masiva contra el Estado".
Honorarios en cifras
En el último informe sobre estadísticas de recursos humanos del sector público de la Direccción de Presupuestos, se informó que en el gobierno central (ministerios y servicios) existen 36.850 trabajadores a honorarios, de los cuales el 24% cumple labores calificadas como permanentes.
El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, señaló que este año 1.480 trabajadores a honorarios pasarán a planta, y en los próximos tres años existe el compromiso de Hacienda de pasar a 8.800 más a contrata en la administración central.
"El fallo de la Suprema da un espaldarazo a nuestras demandas, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor para que no exista más informalidad", dijo De la Puente.
En las muncipalidades no hay cifras oficiales, pero de acuerdo a las estimaciones el número de funcionarios a honorarios superaría los 170 mil. La cifra englobaría tanto a aquellos que cumplen labores permanentes y exclusivas como a los que prestan servicios bajo régimen civil.
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