Como es la tónica en la oposición y tal como era evaluado por los detractores del proyecto de reforma laboral, ayer la Alianza anunció oficialmente en la comisión de Trabajo de la Cámara Alta que recurrirá al Tribunal Constitucional, al menos frente al apartado de titularidad sindical que desde el inicio del debate laboral emergió como potencial foco de debate constitucional.
Los senadores Andrés Allamand y Hernán Larraín hicieron reserva de constitucionalidad del artículo 303 que establece la titularidad sindical y anunciaron que llegarán al TC para manifestar sus reparos. Esto, luego que se aprobara por tres votos a favor y dos en contra, el reconocimiento del sindicato como sujeto de negociación único y la posibilidad de que el grupo negociador se conforme cuando no hay un sindicato.
Según los parlamentarios, esta norma inhibe las libertades de los trabajadores para sindicalizarse o los obliga a pertenecer a una organización sindical para llegar a la negociación colectiva. Juicio que, para el oficialismo, está poco apegado a la realidad, ya que el proyecto plantea que seguirán existiendo los grupos negociadores, pero con la limitante que no podrán negociar regladamente.
A pesar que en los parlamentarios de la Nueva Mayoría este hecho era esperable y no representa mayor sorpresa considerando que la oposición se ha negado incluso a la idea de legislar, el escenario podría complicar la tramitación del articulado si en los próximos días asoman nuevas acusaciones de inconstitucionalidad.
De hecho, los equipos técnicos de la oposición ya estudian repetir la acción en tópicos de extensión de beneficios y descuelgue. Lo que sumaría, además, los altos riesgos de inconstitucionalidad que pondrían sobre la mesa frente al fin del reemplazo en la huelga, uno de los puntos más emblemáticos del articulado.
Para la vicepresidenta del Senado, Adriana Muñoz, esta postura incubaría una “resistencia política e ideológica a una propuesta de construir derechos colectivos. Aquí hay una pelea de poder fuerte. Al empresariado le cuesta ceder poder a organizaciones colectivas”.
Tratativas para salvar acuerdo pyme
En la Nueva Mayoría, la indicación que promueve la bancada pyme -y que, en algún minuto, pareció contar con apoyo del gobierno- para subir de 8 a 25 el número de trabajadores para conformar sindicatos en ese tipo de firmas sigue generando polémica.
De hecho, las rencillas internas por alinear el discurso oficialista y salvar el acuerdo pyme se trasladaron a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. La instancia aprobó el envío de un oficio a la comisión de Trabajo del Senado para solicitar que se respete lo convenido y dar trato especial a las pymes. El texto también llegará a los despachos de los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, a quienes se les solicitará que el Estado realice jornadas de capacitación sobre la reforma laboral, dedicadas a las pymes.
Si bien los integrantes de la comisión de Trabajo del Senado Carolina Goic, Juan Pablo Letelier y Adriana Muñoz están bastante alejados del ajuste, aseguraron que se logrará un acuerdo previo antes de que se vote en la comisión esta materia.
Sindicalistas de NM rayan cancha a partidos
El acuerdo conseguido por la bancada de senadores pro pyme, que incluye la idea de subir el quórum para constituir sindicatos de ocho a 25 trabajadores, sigue generando molestias. Ahora fue el turno de la Coordinadora Sindical de los partidos de la Nueva Mayoría, instancia que solicitó a los presidentes de los partidos del sector que "alineen y rayen la cancha" y que exijan a los senadores que mantengan el espíritu del proyecto de ley.
A través de una carta, firmada por 13 dirigentes, y que fue entregada en una reunión en la sede del PRSD, contó con la presencia del presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, y el también líder del Partido Radical, Ernesto Velasco, entre otros, se señala que la coordinadora "rechaza las indicaciones efectuadas por un sector de senadores, ya que rompen con el desarrollo alcanzado en la Cámara de Diputados e introducen materias que desnaturalizan el debate efectuado hasta ahora".
Por esta razón, agregan, se declaran contrarios a toda iniciativa que vaya se oponga al fortalecimiento de la negociación colectiva y al real derecho a huelga. Asimismo, se suman a la controversia pyme, asegurando que no permitirán "ninguna disposición ni indicaciones que signifiquen un retroceso respecto a las condiciones actuales, como el aumento en el quórum de constitución de sindicatos y el nuevo requerimiento de mantener este quórum para negociar colectivamente".
Eso sí, en la misiva se reconoce como un avance del proyecto las materias relacionadas con la titularidad sindical, extensión de beneficios y la prohibición de contratar reemplazantes de trabajadores en huelga, aunque se deja en claro que este proyecto no logra todavía saldar la deuda con los trabajadores. "Hacemos un llamado a exigir a nuestros senadores que, con sus argumentaciones y su votación, cumplan fielmente con el compromiso efectuado con la ciudadanía que los eligió y depositó en ellos su confianza para materializar el programa de gobierno", finaliza el escrito.
Tras la cita, Pizarro enfatizó que "la derecha lo que pide es el reemplazo en huelga y nosotros no lo vamos a aceptar. La huelga es el instrumento que tienen los trabajadores para hacer valer sus puntos de vista".
Mientras, el encargado sindical de la comisión nacional sindical del PC, Osvaldo Olivares, dijo esperar que los senadores se cuadren con el programa y vuelvan al "espíritu primario".
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