Si bien es un procedimiento “meramente formal”, como lo reconoció el presidente de la UDI, Hernán Larraín, la oposición valoró la decisión tomada por el Tribunal Constitucional (TC), que acogió a trámite el requerimiento presentado por los senadores del bloque, en contra de algunos pilares de la reforma laboral, como la titularidad sindical y extensión de beneficios; y dos elementos laterales, como la negociación colectiva interempresa y el derecho de información.
De esta manera, se inició formalmente el proceso que busca declarar inconstitucional esos cuatro elementos. El próximo martes, el tribunal resolverá la admisibilidad del recurso. Ese mismo día, se pronunciará sobre la impugnación interpuesta por los diputados del bloque, lo que permitirá acumular ambas causas.
Larraín sostuvo que la oposición “va bien encaminada” y que el requerimiento “está muy bien fundamentado”. También que es necesario, a su juicio, que el TC obligue al Ejecutivo a rectificar algunos aspectos de la reforma laboral.
El senador de RN, Andrés Allamand, complementó: “Estamos convencidos que hay puntos inconstitucionales en el proyecto, y que esos elementos afectan los derechos de los trabajadores”.
Gobierno define estrategia
Desde La Moneda reaccionaron con tranquilidad a la determinación del TC. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, desdramatizó la resolución, afirmando que “son trámites normales y que lo habitual es que los recursos sean acogidos”.
El personero criticó a la oposición, por intentar “frenar el proyecto”, y reiteró que el gobierno “está preparado para las distintas etapas en el Tribunal Constitucional”.
Así lo señalaron también desde el equipo jurídico encargado de anular los argumentos de la oposición.
Al interior del grupo concuerdan en que la base argumental de la derecha es “jurídicamente débil”.
El abogado integrante del equipo, Javier Couso, sostuvo que “no hay ninguna base para considerar que la reforma laboral viola la Constitución” y que la actual Carta Fundamental “no está atada a un sólo modelo de legislación laboral”.
Para el director del programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, la titularidad sindical no vulnera principios constitucionales, como lo afirma la oposición, ya que son organizaciones colectivas reconocidas por la Constitución y “el vehículo natural en el mundo desarrollado, para promover la negociación colectiva”.
El equipo jurídico del gobierno, integrado además por Francisco Tapia, Carlos Mackenney y Andrés Aylwin, entregará el próximo viernes la respuesta a los cuestionamientos presentados por Chile Vamos.
En el gobierno existe preocupación por un eventual “fallo político” y no jurídico del TC, razón por la que Couso expresó que “uno siempre espera que los ministros sopesen los argumentos, observen la Constitución, su propia jurisprudencia y decidan de acuerdo a derecho”.
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