El dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) que fijó el sentido y alcance de la ley que regula el trabajo en aplicaciones digitales -y en él la definición de lo que se entenderá como trabajador dependiente e independiente de una App-, está en el ojo del huracán.
A las solicitudes de reinterpretación del escrito, presentadas por Uber y el Sindicato Número 1 de Trabajadores Independientes de Conductores de Aplicaciones (Sincapp), se sumó un nuevo antecedente.
Recientemente, el diputado UDI Jorge Alessandri presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República, en el que solicita remitir a la Cámara de Diputados información respecto “de un potencial conflicto de interés e infracciones al principio de probidad y al deber de abstención por parte del director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz”, a raíz de dicho dictamen.
¿La razón? La participación de Zenteno en dos causas judiciales que tenían por finalidad declarar la existencia de un vínculo laboral entre las aplicaciones y las personas que se desempeñaban laboralmente en ellas, lo que podría interpretarse como un conflicto de interés.
Desempeño como abogado
El conflicto, radicaría en que el dictamen identifica una serie de indicios de laboralidad en la regulación de los trabajadores independientes. “Su aplicación implica una severa limitación en la práctica de la operación de la regulación de los trabajadores independientes; al identificar respecto de ellos relaciones de subordinación y dependencia”, plantea el diputado en el escrito.
“Consta en expedientes de acceso público que, en el ejercicio de su profesión, como abogado del estudio jurídico en que desempeñaba sus funciones y en representación de un conjunto de repartidores de la plataforma Pedidos Ya, don Pablo Zenteno Muñoz persiguió el reconocimiento judicial de una relación laboral con la empresa”, dice el documento.
Para Alessandri, el núcleo de la argumentación jurídica sostenida en Tribunales por parte de Zenteno prestando servicios profesionales “es coincidente con el contenido y directrices del dictamen emitido ahora por la misma persona, pero en su calidad de Director del Trabajo, ejerciendo potestades públicas”.
Así, para el parlamentario, los planteamientos entregados por Zenteno como defensor de los trabajadores, “ahora se propone imponerlos por la vía administrativa, a través de un acto de contenido general y obligatorio”.
Exige aclaraciones
El escrito ingresado a la Contraloría agrega que la coincidencia de estas circunstancias no fueron obstáculo para que Pablo Zenteno asumiera el cargo de Director del Trabajo el 20 de abril de 2022. “Tampoco consta que el actual Director del Trabajo, previo a intervenir en el mismo asunto en que había prestado servicios profesionales hace menos de un año, haya declarado esta circunstancia, haciéndola pública, y explicando porqué esta circunstancia no afectaría su imparcialidad”, cuestiona el texto.
El documento cierra solicitando al Contralor aclarar: si los hechos descritos constituyen un conflicto de interés; si Zenteno carecía de la suficiente imparcialidad para emitir dictamen; si el director debió abstenerse de intervenir en la emisión del dictamen; y por último si incurrió en responsabilidad administrativa por infracción de los principio de probidad, imparcialidad y del deber de abstención.
La Dirección del Trabajo fue consultada al respecto, y desde la entidad señalaron que “una vez que sea requerido por la Contraloría General de la República, el director del Trabajo emitirá su respuesta a dicho órgano”.
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