Los funcionarios del Estado dieron el puntapié para dar inicio a la negociación más relevante entre las asociaciones sindicales del Estado y el gobierno: el reajuste del sector público.
Una negociación que este año será clave, ya que se trata del primer proceso de conversación que enfrentarán las organizaciones sindicales del Estado con la administración del Presidente José Antonio Kast, en medio de un escenario marcado por las restricciones fiscales y la discusión del Presupuesto 2027.
De hecho, hoy las 16 organizaciones agrupadas en la Mesa del Sector Público de la Central Unitaria de Trabajadores (MSP CUT) presentaron su pliego de negociación, documento en el que solicitan al Ejecutivo un reajuste nominal de remuneraciones de 6,3%.
“Atendida la variación de los indicadores que inciden en esta negociación, requerimos que el acuerdo garantice, en todo caso, un incremento real no inferior al 2%, incorporando los mecanismos necesarios para resguardar este objetivo frente a la volatilidad de la inflación”, expone el documento presentado hoy.
La petición, expone el texto, busca resguardar el poder adquisitivo de los funcionarios frente a la inflación y asegurar una mejora efectiva de sus ingresos. Como argumento, las asociaciones destacan que el Índice Real de Remuneraciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registró un crecimiento de 3,4% anual en agosto, “superior al aumento real solicitado por la MSP CUT Chile”.
El requerimiento también contempla que el reajuste alcance a los trabajadores de los sectores centralizado, descentralizado y autónomo, incluyendo municipios, Gobiernos Regionales, universidades estatales y establecimientos educacionales subvencionados, entre otros.
Los bonos y remuneraciones mínimas
Además del reajuste, y como ya es habitual, el pliego de negociación contiene una serie de demandas económicas.
Así, los funcionarios también piden que, desde enero de 2027, ningún trabajador del Estado perciba una remuneración bruta mensual inferior a $ 609.766 en el estamento auxiliar, $ 678.612 en el administrativo y $ 721.885 en el técnico.
A ello se suma la solicitud de incrementar el bono mensual destinado a las rentas más bajas, fijando un aporte máximo de $ 67.935 para quienes perciban remuneraciones brutas iguales o inferiores a $ 727.582.
El pliego también considera mejoras en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, los bonos de escolaridad y vacaciones, así como en la bonificación que reciben los funcionarios al término de la negociación.
Sobre este último beneficio, las organizaciones proponen un pago de $ 250 mil para quienes tengan ingresos líquidos inferiores al umbral de $ 1.030.474 y de $ 125 mil para quienes superen esa cifra, sujeto a las condiciones de acceso correspondientes.
Estabilidad laboral y jornada de 40 horas
Más allá de los aspectos económicos, uno de los principales focos de la negociación estará puesto en la estabilidad laboral de los funcionarios, especialmente ante los cambios de criterio de la Contraloría General de la República respecto del empleo público.
Las organizaciones solicitan que el Ejecutivo presente una propuesta legal que fortalezca las garantías frente a decisiones arbitrarias de desvinculación y que las disposiciones sobre renovación de contratas adquieran rango reglamentario.
También buscan fortalecer la instancia de revisión y reconsideración de las no renovaciones de contratas, además de avanzar en la regularización de trabajadores a honorarios que desempeñan funciones permanentes.
Los funcionarios, además, piden avanzar “hacia una jurisdicción especializada para conocer y resolver los conflictos laborales de los funcionarios públicos”. Para ello, piden instalar una instancia de trabajo con participación de la Mesa del Sector Público que aborde las materias de jurisdicción y acuerde una propuesta.
Con relación a esto, también solicitan fortalecer las atribuciones del Servicio Civil en materia de gestión y desarrollo de las personas, “dotándolo de facultades efectivas de fiscalización y ampliando sus capacidades de orientación al sector descentralizado y autónomo, con respeto de sus respectivos marcos institucionales”.
Otra de las demandas que vuelve a instalarse es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en el sector público. Las asociaciones piden reactivar la mesa de trabajo sobre esta materia y acordar un cronograma para avanzar en su implementación, sin disminución de remuneraciones ni deterioro de la atención a la ciudadanía.
En materia de teletrabajo, el pliego solicita extender hasta 2030 las normas que permiten su aplicación en distintos organismos del Estado, mientras se avanza hacia una regulación permanente.
La agenda laboral también incorpora exigencias relacionadas con salud mental, seguridad funcionaria, igualdad de género y cuidado infantil. En este último ámbito, las organizaciones solicitan ampliar el derecho a sala cuna al conjunto de los trabajadores públicos y, además, establecer garantías de cuidado para hijos de funcionarios de entre dos y doce años.
Con este conjunto de demandas, las asociaciones buscarán abrir una negociación que no solo definirá el reajuste de remuneraciones para el próximo período, sino que también pondrá a prueba la disposición del Ejecutivo a avanzar en compromisos laborales pendientes, en un contexto de estrechez presupuestaria.
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