Con un sabor amargo quedó la exdirectora del Trabajo, Lilia Jerez, luego de que el pasado jueves las nuevas autoridades le solicitaran la renuncia al servicio.
La abogada, que alcanzó a liderar la DT durante un año y siete meses tras ganar un concurso por Alta Dirección Pública (ADP), realizó un balance de lo que fue su gestión al mando de la institución y decidió responder a las declaraciones del nuevo subsecretario, Giorgio Boccardo, quien señaló a Diario Financiero que la DT “se encuentra en cifras históricamente bajas de fiscalización y no todo es imputable a la situación de pandemia”.
En sus primeras declaraciones tras su salida, Jerez reconoció que hubo una caída en las fiscalizaciones, pero aseguró que durante 2021 se revirtió la tendencia.
“Hay una baja en los procesos de fiscalización, pero es una baja que viene desde 2015, y que es multifactorial”, dijo.
Como primer punto, la exdirectora sostuvo que si bien el cambio en las cifras se vio incidido por la pandemia, también va de la mano con una reducción en las denuncias.
“La DT tenía, en promedio, unas 90 mil denuncias anuales en periodos prepandemia. En pandemia, pasamos a alrededor de 54 - 55 mil. Y a pesar de aquello, en el 2020 se hicieron 73.926 fiscalizaciones y en el 2021, cambiando la tendencia a la baja, hicimos 78.062 fiscalizaciones”, precisó, añadiendo que se reactivaron las fiscalizaciones proactivas -sin necesidad de denuncia- por parte de la entidad.
Desde su punto de vista, es necesario que las nuevas autoridades salgan de la lógica de que el fiscalizador en terreno es lo más relevante. Este, expuso, “siempre va a ser insuficiente ante la magnitud de la cantidad de empresas y cantidad de trabajadores” y añadió que el servicio estaba potenciando la fiscalización a través de la información electrónica.
Para la abogada de la UC, es relevante tener presente que el rol del servicio no es solo fiscalizar, y ejemplificó que también está la mediación, las instancias de diálogo social y los pronunciamientos jurídicos, entre otros.
Respecto a la modernización del servicio y a los registros electrónicos laborales, que entró en vigencia en abril de 2021, Jerez defendió el trabajo impulsado por la DT y sostuvo que el servicio impulsó este cambio con el poco presupuesto que tenía disponible.
“La Ley de Modernización sale de un momento histórico, cuando los dineros del país estaban pensados en otra cosa y es evidente, había que ayudar a las personas que lo estaban pasando mal”, contó Jerez, agregando que recién para 2022 lograron conseguir -gracias a un trabajo con Dipres- un presupuesto adicional de $ 1.200 millones para mejoras a las plataformas informáticas.
“Pasamos de tener cero trabajadores registrados a tener más de cuatro millones (...) el año pasado tuvimos más de 10 millones de interacciones en el canal digital y 900.000 atenciones presenciales. Eso no lo resiste ninguna página web, hasta cyberday y los bancos se caen”, expresó Jerez, reiterando que como servicio eran conscientes de los problemas y críticas, y que se estaba trabajando en mejoras.
“Siempre hay críticas”
Sobre su salida, Jerez criticó la forma en que se generó, y lamentó que las nuevas autoridades no se hayan reunido con ella para conocer los temas que estaba impulsando al interior del servicio.
“No estoy diciendo que hice todo perfecto, pero sí que podría haber tenido una evaluación para poder enmendar el rumbo, porque siempre hay críticas”, manifestó, junto con exponer que para ella fue un orgullo liderar el servicio.
A su juicio, su alejamiento deja en evidencia la necesidad de analizar el Sistema de Alta Dirección Pública. “Si se considera que el servicio debe ser político, transparentémoslo”, criticó.
Los dictámenes pendientes
Tras la salida de Jerez, hubo -al menos- dos dictámenes relevantes que no alcanzaron a ser publicados y por el momento se desconoce qué ocurrirá con ellos.
El primero tenía relación con la ley que regula el trabajo en aplicaciones digitales, y clarifica el alcance de la norma.
Mientras que el segundo era respecto a la Ley de Teletrabajo.
Sobre esta última materia, el dictamen en cuestión buscaba modificar un pronunciamiento previo del servicio, que señalaba que las obligaciones del empleador no aplicaban cuando el trabajador se desempeñaba en el extranjero.
"Evidentemente quedaron documentos pendientes", afirmó Jerez sin entrar en detalle.
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