Un intenso cierre de año legislativo tendrá el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. En las semanas que quedan antes del receso del Congreso en febrero y del cambio de Gobierno en marzo, la autoridad apuesta a acelerar significativamente el trámite del proyecto que regula el trabajo en plataformas digitales (aplicaciones móviles).
“Es una propuesta que viene a resolver una situación que no da para más. Hoy día los trabajadores de plataformas digitales en su gran mayoría están en la informalidad, en la precariedad. Y este proyecto da un marco regulatorio claro, moderno e innovador, para poder otorgar cierta garantías básicas”, dice el abogado.
El proyecto, en segundo trámite constitucional en la Cámara -y recientemente despachado por la comisión de Trabajo-, establece entre varias materias que los trabajadores de App pueden ser dependientes o independientes, y además garantiza el acceso a seguridad social, capacitación, derecho a sindicalización y a negociar colectivamente.
- ¿Qué es lo que más destaca de esta propuesta?
- “El proyecto estipula que los trabajadores de plataforma son trabajadores, algo que hoy en día no existe. Y siendo trabajadores se permite que sean dependientes o independientes, pero en ambos casos van a tener derechos prácticamente similares. Ambos van a tener derecho a una remuneración o un pago mínimo, remuneración en el caso de los dependientes, y a un pago mínimo en el caso de los independientes, el cual hemos establecido en el sueldo mínimo con un recargo del 20%. En ambos casos les vamos a garantizar derechos básicos”.
Un punto de la propuesta que ha generado críticas es la posibilidad que la persona sea trabajador dependiente o independiente de la plataforma.
“Los trabajadores lo quieren así”, dice el subsecretario, agregando que un reciente estudio de la Cepal mostró que “el principal atributo que destacan los trabajadores de plataformas para trabajar en ellas, es ser su propio jefe y la tranquilidad de administrar en forma autónoma su jornada laboral”.
Sobre este tema, una encuesta presencial que realizó en Chile la OIT en 2021 da cuenta que el 83% de los trabajadores expresó estar de acuerdo con la clasificación de “trabajador por cuenta propia”, y la mayor parte cuestionó la estrategia de aplicar los estándares tradicionales del derecho laboral a su sector.
- ¿Qué viene ahora en la tramitación? ¿podría ser ley prontamente?
- Hay dos opciones: que la Sala de la Cámara respalde lo que aprobó la comisión y se vaya a tercer trámite en el Senado, y que éste ratifique y se convierta en ley. Y también existe la posibilidad de que el Senado no respalde y exista una comisión mixta para discutir algunos puntos.
A nosotros nos parece que el proyecto salió bien de la comisión de Trabajo de la Cámara, excepto un punto: se estableció que en la jornada laboral de los trabajadores dependientes también se les va a pagar por su jornada pasiva.
- ¿Por qué no están de acuerdo con eso?
- La jornada pasiva es el tiempo que la persona está conectada pero no está trabajando. Si se considera la jornada pasiva como tiempo trabajado, pierde todo el sentido la figura del pago por hora efectiva como establece el proyecto. Genera un incentivo a estar conectado en tres plataformas al mismo tiempo sin estar trabajando. Genera un incentivo perverso, hará que las plataformas no quieran pactar la dependencia con las personas.
Se espera que esta semana la propuesta se vote en la Sala de la Cámara, para que en los días posteriores siga su tramitación en el Senado. “Los trabajadores están esperando esto”, dice Arab.
Indemnizaciones
Otro tema que están monitoreando desde la subsecretaria, es el avance de la propuesta del diputado Gastón Saavedra, que busca eliminar el actual tope de pago once años de indemnización por años de servicio para trabajadores desvinculados.
Si bien el subsecretario evita referirse al contenido de la propuesta, sí reconoce que están recopilando antecedentes para dar sus observaciones y comentarios a la comisión de Trabajo de la Cámara. “Es un proyecto que estamos estudiando. En general creemos que hay que ser prudentes con los proyectos que se presentan, en términos de que no perjudiquen el empleo”, sostiene Arab.
Por el momento, él y su equipo están buscando datos e información que muestren la realidad en torno a este tema. “Hoy estamos levantando información y esperamos transmitir a la comisión cuántas personas que han trabajado más de once años se les ha aplicado el tope cuando son desvinculadas”, explica.
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