El gobierno finalmente decidió modificar el polémico decreto que ingresó a Contraloría y que establecía los recortes de presupuesto que aplicó de manera pareja a los ministerios, servicios públicos, intendencias y gobernaciones regionales, en el marco del plan de austeridad que busca ahorrar US$ 4.600 millones en los próximos cuatro años.
En un comunicado, la Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que se procedió a realizar cambios al decreto 651, que se encontraba en proceso de toma de razón en Contraloría y que se filtró hace dos semanas.
“Estas modificaciones se realizan tras conversaciones con los ministerios y servicios respectivos, que solicitaron reasignar recursos desde otros subtítulos presupuestarios, pero manteniendo el monto global de la contención de gasto en la misma cifra (US$ 1.100 millones)”, señaló el servicio liderado por Rodrigo Cerda.
La entidad enfatizó que el documento, que consignaba millonarios recortes a todas las reparticiones y que la oposición criticó por incluir rebajas al Sename y carteras sociales como Salud y Educación, no estaba íntegramente tramitado.
“Cabe destacar que este documento (Decreto 651), no fue totalmente tramitado ni había sido tomado de razón por Contraloría. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos seguirán haciendo reasignaciones, manteniendo el monto global de las medidas de contención de gasto, en la medida que ello sea posible y que los ministerios y servicios así lo requieran”, señaló la Dipres.
La repartición enfatizó que la disminución de los montos no afectará el funcionamiento normal de los servicios, sino que se concentrará en gastos operativos, como horas extra, renovación de vehículos y contrataciones, entre otros.
“Las medidas de contención de gasto no afectan el normal funcionamiento de los servicios del Estado y tampoco prestaciones, transferencias sociales y subsidios”, dijo Dipres en un comunicado.
El anuncio se da justo cuando mañana el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, asistirán al Congreso a explicar los recortes del gasto público.
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