Avanzar en el liderazgo de la coordinación y producción del sistema estadístico oficial del país, es uno de los desafíos en que trabajará el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2021 de la mano de su directora nacional, Sandra Quijada.
Esto implica fijar estándares y articular la producción de los datos administrativos que elaboran los servicios estatales a la espera que avance el proyecto de Ley del Sistema Estadístico Nacional que está en el Congreso desde 2015 y cuya tramitación legislativa está paralizada desde 2018. Si bien en febrero, se anunció una reactivación con indicaciones del Gobierno, ello no ocurrió luego que la agenda legislativa se adecuara a la crisis sanitaria.
“Nuestro trabajo va a estar muy enfocado en reactivar el sistema estadístico nacional, en ir generando coordinaciones que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos, que nos permita como institución entregar información más oportuna”, asevera la economista.
Este, será un trabajo colaborativo que, reconoce, hasta ahora no ha tenido este sello dadas las “distintas interpretaciones respecto de la entrega de los registros administrativos”.
Ante esto, explica que optó por darle énfasis al rol que el marco legal vigente le proporciona a la entidad: “Estamos mandatados para hacer esa coordinación”, por lo que el camino en 2021 será “con las herramientas que hoy tenemos”.
En lo inmediato, está asesorando al Ministerio de Energía en el desarrollo de una política de datos para el sector. En paralelo, con la secretaría de la Mujer está delineando un trabajo para dar uso a sus estadísticas, lo que se suma a la colaboración que hará dicha cartera en la formulación del cuestionario que se incluirá en 2022 en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) sobre el trabajo no remunerado. Este, se diseñará en 2021 como una alternativa para actualizar la información que no se obtendrá por la postergación de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT).
Otras reparticiones, con las que Quijada busca fortalecer los vínculos con mayor coordinación son los ministerios de Economía, de Desarrollo Social, Salud, Vivienda y Urbanismos junto al Departamento de Extranjería y Migración y el Registro Civil.
“Nuestra idea es ir vinculándonos con los distintos servicios públicos -que conforman el sistema estadístico nacional-, tanto asesorándolos en el uso de los registros administrativos como capturándolos para que todos tengamos los mismos lineamientos”, explica.
En este contexto, durante este último trimestre elaborará indicadores a partir de la información de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
Otro hito es el levantamiento que harán en noviembre de la Encuesta Social Covid -que ya tuvo su primera versión en julio-, con la que el Gobierno busca medir el impacto de la pandemia en los ingresos, gastos y en la calidad de vida de los hogares.
“En lo particular, me interesa mucho que el INE pueda responder de manera más oportuna a lo que se necesita”, por lo que destaca que con esta medición -que contempla una tercera versión en marzo- se responde a una necesidad para el desarrollo de políticas públicas.
El modelo de Dinamarca
A lo que aspira Quijada, es a que el país pueda confluir a un esquema similar al de Dinamarca. Ahí, la oficina estadística es “muy potente en el procesamiento de datos” y externaliza todo el trabajo de campo.
“Los datos que ellos tienen asociados a los registros administrativos están basados en un código que tiene una persona como nuestro RUT. Hay un sistema integrado a nivel nacional que permite obtener información desde todos los servicios -registro civil, educación, salud, trabajo, vivienda- que se procesa de manera centralizada con un nivel de infraestructura tecnológica importante”, señala.
A ello, se agrega “un control y un cuidado muy importante del secreto estadístico para el manejo de esa información”, describe.
El paso intermedio eso sí, es el modelo español. Lo que mira, según relata por videoconferencia desde su oficina, es la planificación del sistema estadístico que implementan. A eso es a lo que apunta llegar en el mediano plazo: “Ellos tienen una planificación donde los servicios se coordinan para hacer las encuestas y se genera una carga del informante adecuada. No se le pregunta a las personas las mismas cosas, por tres vías distintas sino que hay una sola. Primero tenemos que dar ese paso”.
“Hoy lo que hacemos con el plan nacional es consultarles a los servicios que es lo que van a hacer durante el año, pero no hay una coordinación entre los servicios. Entonces, a eso es lo que tenemos llegar a hacer”, enfatiza.
En cuanto al desafío del esquema danés: “Ahí tendríamos que crear un sistema de información nacional y eso se podría hacer a partir de la ley”.
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