No ha sido un comienzo de año fácil para el Fisco.
A fines de enero, el Ministerio de Hacienda informó que 2024 terminó con un déficit efectivo equivalente a un 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB), peor que el saldo negativo de 2% que estimaban en la cartera; mientras que el estructural fue de 3,2%.
Días después la cartera siguió en la mira, luego que un reportaje de The Clinic diera cuenta de transferencias de alrededor de US$ 3.500 millones desde Corfo al Tesoro Público como consecuencia del alza del precio del litio.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la operación y explicó que en la discusión presupuestaria de 2023 se dijo que una parte de los ingresos de Corfo quedaban como activos financieros para ser usados en caso de ser necesario, por lo que no había “nada misterioso sobre la materia”.
Y aseguró que fue “una operación que permitió evitar una pérdida para el patrimonio público”. “Si no se hubiera hecho de esta manera, habría que haber tomado más deuda, aumentar el gasto en intereses y experimentar una pérdida patrimonial por el diferencial de tasas de interés”, explicó Marcel.
La operación causó revuelo político y no dejó indiferente a nadie en el país. Tampoco fuera de Chile.
“Lo hemos notado, por cierto”, dijo a Diario Financiero la senior vice president de Moody’s Ratings, Kathrin Muehlbronner, sobre los traspasos.
“Si bien la transferencia está en regla con el procedimiento establecido y tiene el beneficio de limitar la emisión de deuda pública, a futuro será cada vez más importante tener mayor claridad sobre las proyecciones de los ingresos tributarios que el Gobierno espera del litio y mayor transparencia sobre los criterios que se utilizarán para hacer este tipo de transferencias”, advirtió la analista.
Con los ojos en 2026
La misma semana en que se dieron a conocer los traspasos, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) -en un extenso informe- señaló que el déficit estructural de 3,2% del PIB de 2024 es “un desvío de magnitud extraordinaria para un año sin crisis” y calificó como “preocupante” la situación fiscal actual del país.
Dado aquel escenario, la entidad presidida por Jorge Rodríguez recomendó a Hacienda realizar un recorte adicional de US$ 1.500 millones para lograr su meta fiscal, ya que el ajuste para 2025 anunciado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), de 0,2 punto del PIB (US$ 635 millones) resulta insuficiente, dijo el Consejo.
“En nuestras previsiones actuales no asumimos que se realizan recortes tan grandes”, dijo Muehlbronner respecto a la recomendación del CFA.
Moody’s Ratings prevé un déficit presupuestario por encima de 2% del PIB para este año. ¿La razón principal? Las elecciones. “Típicamente es muy difícil anunciar recortes grandes en un año electoral”, señaló la analista.
“Pero notamos que el Gobierno anunció medidas correctivas en el lado de despensas en abril; las analizaremos en detalle y las tomaremos en consideración”, agregó.
Sobre en qué áreas se podría recortar, desde Moody’s Ratings enfatizaron en que no entregan recomendaciones sobre esa materia.
“Prevemos una consolidación fiscal más fuerte en el 2026, con un nuevo Gobierno en plazo”, declaró la senior vice president de Moody’s Ratings.
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