Un alza explosiva protagonizaron en marzo los acuerdos para responder a compromisos financieros con proveedores en un lapso superior a un mes. Según el registro del Ministerio de Economía, llegaron a 2.825, el triple de lo verificado en febrero.
Así, desde la entrada en vigencia -en mayo de 2019- de la Ley de Pago Oportuno que obliga a las empresas a cumplir con su contraparte en 30 días , los pactos excepcionales contemplados en la norma suman 33.196.
Esto, a juicio del presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Swett, es un reflejo más del impacto que ha tenido en la actividad productiva la crisis sanitaria.
El dirigente explica que este mayor número de aplazamientos era algo predecible, dado que ante las menores o nulas ventas, las empresas optarían por aplazar los pagos como una forma de contar con liquidez.
De hecho, mencionó que esperaban un aumento a partir de marzo, "pero el número de abril será mucho mayor".
Ante esto, Swett señaló que espera que el Gobierno incorpore nuevas medidas de apoyo para las PYME en los próximos meses.
Con un tono más pesimista, el presidente de Confedechtur y dirigente de Conapyme, Rafael Cumsille, advirtió que estos acuerdos excepcionales pueden llegar a desfavorecer a las microempresas. "Lejos de beneficiar a las empresas mipyme, les afecta, porque es muy difícil para un proveedor pequeño negarse a la presión de una gran empresa en orden a extender el plazo de pago. Y la verdad, es que si el proveedor pequeño reclama, no le compran nunca más", explicó.
Los números del catastro
De acuerdo con el catastro de Economía, un 30% de los pactos se da entre empresas de mayor tamaño, mientras que sólo el 3% se origina entre PYME.
Al mismo tiempo, el 53% corresponde a negociaciones entre PYME y grandes firmas, cuando las primeras compran insumos a las segundas.
Desde mayo del año pasado a la fecha, la norma ha tenido dos modificaciones en vista de la necesidad de asegurar los pagos a proveedores en 30 días que se evidenció durante la crisis social que comenzó en octubre.
La primera fue la eliminación del período que permitía que hasta febrero de 2021 se cancelarán las facturas hasta 60 días.
La segunda fue en marzo y tiene relación directa con los acuerdos de excepción, ya que se aprobó que dichos pactos sólo pueden suscribirse cuando sean en beneficio de la empresa de menor tamaño.
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