Ahora sí que sí. De aquí a finales de año el Ministerio de Economía tiene como meta enviar al Congreso el proyecto de reforma a los llamados permisos sectoriales, de forma de agilizar el proceso de tramitación para que se concreten inversiones en el país.
Actualmente, en todo el proceso de un proyecto de inversión se contabilizan 300 autorizaciones, correspondientes a 30 servicios y 12 ministerios, que están repartidos en las cuatro categorías de permisos: derechos y concesiones; localización; aprobación del proyecto (AP); y autorización de funcionamiento (AF).
De manera general, la iniciativa busca incluir etapas en las cuales el titular del proyecto de inversión se reúne con el servicio que tramite el permiso para informar de los requisitos y así disminuir las iteraciones -observaciones y dudas emitidas por el mismo servicio- y que el titular tenga que volver a responder.
En el actual modelo de tramitación, cuando un proyecto parte debe obtener derechos o concesiones para acceder al territorio o recurso y luego debe pasar a la etapa de análisis por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), algo que no toca esta reforma.
Superada esa fase, pasa por el permiso de localización, cuyo fin está relacionado a las condiciones del terreno en el que se desarrollará; para después seguir al de AP antes del inicio de las obras y luego al AF previo a la operación del proyecto.
Trámites según tamaño
De acuerdo con el ministro de Economía, Nicolás Grau, tanto los AP y los AF son considerados “duales”, ya que significa que la obra es evaluada tanto al inicio como al final de esta. Además, corresponden a más de 50% de los requerimientos considerados críticos.
“Son muchos permisos que tienen esa naturaleza y son esos donde nosotros creemos tiene que haber una mejor relación entre el riesgo que está viendo ese permiso en particular y la necesidad, o no, de que se solicite un permiso versus a que se haga una declaración del privado”, explica.
Así, en el nuevo modelo que se propone, una medida específica es que estos permisos se tramitarán de acuerdo a un criterio de proporcionalidad o “umbrales” relacionados a las características de la obra, su envergadura y nivel de complejidad.
En palabras del ministro, si por ejemplo se tratara de un permiso para obra de relaves mineros, el criterio o “umbral” dependerá de la cantidad de toneladas que se saque anualmente en la mina.
“Van a estar definidos cuando esta ley esté en régimen, van a tener que estar definidos en todos los permisos de naturaleza dual”, dice.
Nuevos plazos
La reforma propone determinados plazos para los permisos duales, algo que no tienen en la actualidad.
“De hecho, más de la mitad no tienen estipulado los tiempos, entonces cada permiso va a tener estipulado un tiempo y si el permiso se tiene que evaluar, por supuesto el servicio que lo emite va a tener que cumplir ese tiempo”, dice el ministro.
En caso de que se determine que la autorización que se necesite es de baja envergadura o complejidad, estos se tramitarán como declaraciones que hace la empresa tanto al inicio de la obra como al final.
“Van a haber mecanismos de fiscalización posteriores, como, por supuesto, sanciones en caso de que alguien haya faltado a la verdad en esa declaración”, señala Grau.
A medida que sea más complejo el proyecto, se pedirá una declaración -al inicio de la obra- junto a un permiso -antes de que empiece su operación-, al mismo tiempo que se mantendrá el formato actual de permisos en ambas etapas para cuando sea de muy alta envergadura.
A la fecha, la propuesta de Economía ya tiene su diseño general y está en conversaciones con los servicios para definir los “umbrales”, aunque no será necesario tenerlos para enviarlo al Congreso.
“Este es un proyecto que va a definir el esquema, la estructura y después probablemente esa ley va a estipular un plazo para que se tengan que definir todos esos umbrales en el instrumento jurídico que corresponda. En algunos casos, van a ser leyes, en otros casos son reglamentos, circulares, entre otros”, explica el ministro.
Ventanilla única digital
Por otra parte, la iniciativa del Gobierno también considera una medida institucional con la creación de la ventanilla única digital para la tramitación sectorial, que no necesita proyecto de ley, pero que será reconocida por la reforma.
Se establecerá a través de la plataforma web ya existente de Sistema Unificado de Permisos (Super) y centralizará la información de las 30 plataformas de los servicios con trámites, guías y requisitos para seguir la historia del proyecto que se quiera ingresar. Esto, teniendo como objetivo la digitalización del trámite en su totalidad.
“Hay un tema de poder darle seguimiento. En la actualidad, como eso no existe, cada privado tiene que ver con cada uno de los servicios por separado”, dice el ministro Grau.
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