Una propuesta metodológica de cómo el Estado puede ir en ayuda de los trabajadores informales surgió hoy luego de la primera reunión que sostuvieron el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel y la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, con los ocho expertos convocados para definir mecanismos para el uso del Fondo de US$ 2 mil millones anunciado en el último paquete de medidas del Gobierno.
El grupo conformado por Francisco Gallego, director J-PAL LAC y académico del Instituto Economía Pontificia Universidad Católica de Chile; Bettina Horst, subdirectora de Políticas Públicas de LyD; Rodrigo Herrera, jefe de programa reducción de pobreza y desarrollo inclusivo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Javiera Troncoso, asesora en Políticas Públicas en PNUD; Rodrigo Jordán, presidente Comunidad de Organizaciones Solidarias; Claudia Martinez, Investigadora J-PAL LAC; Andrea Repetto, directora Espacio Público y Simone Cecchini, oficial superior de asuntos sociales en Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) trabaja en establecer mecanismos que ayuden a asegurar los ingresos del segmento informal que hoy existe en el mercado laboral durante la crisis sanitaria que vive el país.
Si bien no se entregaron detalles de esta primera propuesta metodológica, desde el Ministerio se dijo que sobre la base de ella se está trabajando.
En tanto, el secretario de la cartera recordó lo clave que es el proceso de actualización del Registro Social de Hogares (RSH). Explicó que la comisión está centrada en “ver cómo no dejamos a nadie fuera de este potencial beneficio y que haya cambiado su situación socioeconómica en el corto plazo y en cuál debería ser la mejor forma para que este beneficio sea gradual y abarque la mayor cantidad posible de población”.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta de Empleo Nacional (ENE) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el mercado laboral existen unos 2,6 millones de personas ocupadas en este segmento.
La creación de este fondo, busca ser flexible por lo que puede ser utilizado para entregar aportes directos o bien para la creación de más empleos para las personas y familias vulnerables. El objetivo principal es focalizar la ayuda en trabajadores informales, sin contrato de trabajo, y que hoy no tienen la protección del Seguro de Cesantía.
La Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, que además será la secretaria ejecutiva de la instancia, resaltó que “la emergencia del COVID presenta un desafío sin precedentes en materia de política social y este panel sumará una mirada técnica transversal, al ser un grupo de connotados expertos que acompañará al Gobierno en el diseño urgente de una estrategia de apoyo en los ingresos para estas familias que tanto nos necesitan”.
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