Aunque Fitch Ratings no prevé realizar ajustes a la clasificación de Chile en el corto plazo -hoy en “A-” con perspectiva estable-, sí advierte que el proceso de elaboración de una nueva Constitución ha aumentado la incertidumbre política y económica, “desincentivando los planes de crecimiento de las empresas en el país”.
La agencia plantea que las reformas que contempla el borrador que la ciudadanía votará el próximo 4 de septiembre “han aumentado los riesgos a largo plazo”, ya que -dice- podrían aumentar los requerimientos para desarrollar proyectos en el país. Esto, por factores como la obtención de aprobaciones de iniciativas, un eventual debilitamiento de los derechos de propiedad, o una posible reducción de la disponibilidad de financiamiento local por los cambios que se prevén en el sistema de pensiones.
“Si se aprueba la nueva Constitución política, su aplicación requerirá una legislación de apoyo que llevará tiempo, lo cual ampliaría el período de incertidumbre”, es una de las advertencias que hace la firma.
Un análisis difundido este martes detalla que las empresas chilenas han moderado sus estrategias de crecimiento para reflejar estas incertidumbres. La clasificadora prevé que estos recortes de inversión de capital se harán más evidentes en el largo plazo, por los rezagos en la planificación y ejecución de los proyectos. “Esto afectará al crecimiento económico y al empleo, presionando a muchas empresas”, alerta Fitch, y agrega que “muchas compañías buscarán más oportunidades de crecimiento en el exterior”.
Minería y forestales
El informe también señala que “la nueva Constitución Política transformará un entorno favorable a las empresas en otro más centrado en lo social”. Estos cambios, según la agencia, podrían afectar a las empresas -sobre todo mineras y forestales-, “disuadiéndolas de realizar inversiones grandes a largo plazo”.
Según el reporte, “las posibles preocupaciones incluyen un papel cada vez más importante de los grupos indígenas en la aprobación de proyectos nuevos, cambios en los derechos de propiedad, con términos poco claros de compensación si se expropia un activo, y cambios en el estatus del agua, que eliminan la capacidad de comercializar los derechos de agua, e introducen la necesidad de obtener autorizaciones temporales de una nueva agencia gubernamental para el uso de dicho recurso”.
Sobre el punto específico de la regulación del agua, la clasificadora alerta que los cambios propuestos podrían afectar a sectores como la agroindustria, acuicultura, minería y electricidad. Y agrega que “la revalorización de los activos de las empresas como consecuencia de los cambios podría afectar sus resguardos financieros”. Pero, pese a su advertencia, Fitch considera que el uso prioritario del agua para el consumo humano “garantizará el suministro y la continuidad del negocio de las empresas sanitarias”.
En cuanto a la minería, la firma plantea que probablemente las grandes empresas seguirán invirtiendo en plantas de desalinización y agua reciclada para reducir el uso de agua dulce, con el fin de disminuir la incertidumbre sobre el acceso futuro al agua.
Pese a que las encuestas plantean que el rechazo ha ido ganando camino en las últimas semanas, a juicio de Fitch “el escenario en el que se mantiene la Constitución actual es poco probable dado el apoyo abrumador obtenido en el referéndum en 2020 para redactar una nueva Constitución Política”.
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