A toda velocidad avanza en el Congreso una de las medidas legislativas que impulsa el Ministerio de Economía para inyectar liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresa: La Ley Corta de Pago a 30 días.
Con sólo un voto en contra la iniciativa, que busca dejar sin efecto la prorrogativa contemplada en la Ley original que daba un plazo de pago hasta 60 días hasta febrero de 2021, recibió el amplio respaldo de la Cámara de Diputados y fue despachada al Senado.
"Quiero hacer un llamado a todas las grandes empresas, que hoy no paguen a 60 días en estos tres meses que van a faltar para que entre en vigencia la ley de Pago a 30 días, ni que tampoco paguen a 30 días, sino que paguen a 15 días, que se pongan la mano en el corazón y también se pongan la mano en el bolsillo porque las empresas pequeñas y medianas de nuestro país lo necesitan ahora", dijo el secretario de Estado, Lucas Palacios,
Desde que asumió la cartera, Palacios ha liderado una serie de medidas diseñado especialmente para este segmento de empresas de menor tamaño que involucra un subsidio directo aquellas empresas que registren daños materiales, entre otras.
La iniciativa entrará en vigencia dentro de los próximos 90 días una vez aprobada en el Congreso.
En paralelo, para esta semana el titular de la cartera tiene previsto anunciar un segundo paquete de apoyo para paliar los efectos negativos que evidencian estos actores de menor de tamaño que representan el 80% del total de empresas del país generando la mitad del empleo.
Si bien, esto se enmarca en la ofensiva del gobierno para revertir los negativos efectos que tendrá en la actividad económica el conflicto social que se desencadenó el 18 de octubre, Palacios ha definido un reenfoque dentro del ministerio orientado a las Pymes. Es por ello que en lo que se refiere al pago de facturas, tiene en la mira los acuerdos de excepción que se pueden suscribir entre empresas para extender el pago a plazos mayores. Su preocupación está en el 11% que suscriben las grandes empresas con las pequeñas por los abusos en relación a la asimetría que se pueda dar en el poder negociador.
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