Cuando la tensión que ha generado en el oficialismo el llamado Caso Convenios está en su nivel más alto debido a que el principal partido involucrado -Revolución Democrática (RD)-, es donde milita el ministro Giorgio Jackson, quien está ad portas de enfrentar una segunda acusación constitucional, la tienda encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre recibió otra mala noticia en materia judicial, que cayó como balde de agua fría en la colectividad.
Ello, porque el Tribunal de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud presentada por los querellantes en el caso convenios, los diputados del Partido Republicano Cristián Araya y Juan Irarrázaval, en el que están involucrados la Seremi de la región y la Fundación Democracia Viva, excluyendo a RD como querellante en la causa. Con lo que, en los hechos, tras esta resolución, el partido no tendrá acceso a la carpeta investigativa.
Y, junto con ello, el juez Marco Escobar, revocó la resolución que había declarado admisible la querella presentada por RD, argumentando que no cumple con los requisitos del artículo 111, inciso segundo del Código Procesal Penal al no tener domicilio en la Provincia de Antofagasta.
Respuesta de RD
A raíz de esta resolución, la abogada Libertad Triviño, representante de RD en la querella interpuesta por el caso convenios, aseguró –a través de una declaración pública– que “el tribunal rechazó todos los argumentos vertidos por los querellantes Irarrázaval y Araya”, detallando que el fiscal señaló que no tiene antecedentes que den cuenta de la participación en el delito y que “los querellantes se basan en suposiciones, más que nada en la prensa”.
Triviño argumentó que, sin embargo, el tribunal “excluyó a RD por un aspecto formal, esto es, que pese a ser partido constituido en la región, no cuenta con sede en la provincia, y se entendió por el tribunal que no tenemos domicilio allí”; por tanto, anunció que ejercerán todas las acciones legales que les competen y que “este aspecto formal va a ser subsanado para que, como partido, podamos volver a participar e instar por las responsabilidades individuales”.
¿Querellante e imputado?
Uno de los primeros en reaccionar fue el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, quien recordó que el 6 de julio los parlamentarios de la bancada, a través de una carta enviada al fiscal regional Alberto Ayala, pidieron que excluyera a RD como querellante del caso Democracia Viva, debido a la participación de militantes de esa colectividad, porque “esta conjunción de intereses y roles podría propiciar que, en los hechos, personas detenten la calidad de imputado y de querellante en la misma investigación”.
En este sentido, Sauerbaum señaló que “es evidente que Revolución Democrática no podía ser parte de la investigación como querellantes porque ellos son los involucrados, son quienes el Estado está investigando. Y lo querían hacer, básicamente, para poder contar con la información de la carpeta y defenderse adecuadamente”.
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