El diseño elaborado, en el marco del “Acuerdo por Chile”, para el nuevo proceso constituyente llama la atención debido a que contiene una serie de elementos que, de alguna manera, se perciben como de tutelaje al órgano encargado de redactar la nueva Constitución. Esto sería, finalmente, la expresión de la principal preocupación que rondó todo el proceso hasta llegar al documento que suscribieron la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, exceptuando al Partido Republicano y al Partido de la Gente, que era evitar a toda costa cometer los errores de la Convención y moderar el tono de las propuestas. En ello jugó un rol clave el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.
El constitucionalista Tomás Jordán define este fenómeno como “efecto post plebiscito”. Aunque no habla específicamente de tutelaje, el abogado interpreta que la fuerza del Rechazo es fuerte en el Congreso y que, por tanto, la tesis que los negociadores tenían en común era que “había que contener el impulso de innovaciones profundas y, en ese contexto, el acuerdo trata de equilibrar el principio democrático con la moderación de la discusión”.
Aunque Jordán evita calificar como bueno o malo el acuerdo alcanzado, argumenta que si bien la oposición pudo disponer que existieran bases y el órgano de arbitraje, en la discusión sobre el órgano encargado de redactar el nuevo texto constitucional “hubo un equilibrio entre las posiciones en torno a un órgano electo, pero con un rol relevante de los expertos”.
Desde el punto de vista del cientista político Kenneth Bunker, si el espíritu es que no se repitan los errores del primer proceso, que fracasó porque se habría dado “demasiadas libertades” a los convencionales, resulta positivo “dar andamiaje” para construir una nueva Constitución; sin embargo, admite que en el diseño “tal vez puede haber algo de tutelaje, estoy de acuerdo con que, quizás, no hay toda la libertad, no es al libre albedrío de los consejeros; sino que van a operar dentro de ciertos marcos”.
Legitimidad
Y respecto a las críticas que algunos sectores pudieran hacer a este proceso, en cuanto a considerarlo elitista, conducido por personas desconectadas con la ciudadanía, Bunker aclara que en el procedimiento diseñado también se pronuncia el pueblo: “Primero, cuando eligió al Congreso actual; luego va a participar eligiendo a los consejeros con un mecanismo democrático, que se usa para elegir a los senadores; y, después va a ratificar con un plebiscito de salida. O sea participa en todas las instancias”, en algunos casos a través de la democracia representativa. Porque tiene la convicción de que “no se puede correr el riesgo de que fracase otro proceso constituyente”.
De ahí que lo que se ha hecho, recalca, es que “hay un acuerdo que va por el centro, que entiende el mensaje del Rechazo. Que vuelve a la institucionalidad del Congreso a un lugar de poder y que los que quedan a los márgenes serán los que se quejen (…). Para todos los demás, el grueso de la población, las grandes clases medias que están representadas en el Congreso es algo que sirve”.
La abogada constitucionalista Tania Busch más que hablar de tutelaje prefiere hacerlo de “resguardos frente a los resultados o legitimidad mayoritaria”. A su juicio, en el diseño ofrecido a la ciudadanía en el acuerdo, en el que al Consejo Constitucional se suman la Comisión Experta y el Consejo Técnico de Admisibilidad, los dos últimos “van en la lógica de sujetar los límites de la discusión en el proceso” y en contraste a los señalado por Bunker, a la abogada le preocupa que “un proceso con este grado de limitaciones pudiera sujetar o restringir tanto la discusión, que finalmente no lo hiciera tan razonable”. De hecho, enfatiza que en lo personal no le parece razonable que una discusión constitucional esté sujeta a tantas limitaciones; por el contrario, opina que tal vez “esto pudiera jugar en contra de la legitimidad del proceso”.
Se comienzan a expresar los rechazos
Tal como se veía venir, el ambiente en la sede del Congreso en Valparaíso estaba cruzado por el “Acuerdo por Chile”. Pero así como muchos aprovecharon la plataforma del Parlamento para valorar que los partidos concordaran un documento, también hubo quienes hicieron ver su oposición.
Ese fue el caso de los senadores independientes Fabiola Campillai y Karim Bianchi y un grupo de cinco diputados, dos de ellos del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado y Félix González; y las independientes Camila Musante, Mónica Arce y Aníbal Palma. Su mensaje es que el acuerdo vuelve al sistema binominal, pues representa solo a los dos grandes conglomerados. Sin embargo, González adelantó que de ser aprobada en general la reforma, cuando ingrese, presentará indicaciones para mejorar el acuerdo. Y advirtió que los votos para aprobarla no están asegurados.
El Partido Republicano, que reiteró su rechazo al proceso, también ingresaría indicaciones si se aprueba la reforma.
Mesa de la Cámara pide informe
Para habilitar el inicio del nuevo proceso constituyente es necesario que el Ejecutivo envíe al Congreso una reforma constitucional que deberá ser aprobada con un quórum de 4/7 de los diputados y senadores. Sin embargo, para clarificar el rol de la Cámara de Diputados y Diputadas en el tema constitucional, la mesa de la Corporación le hizo una solicitud a la Secretaría de la instancia.
Así lo explicó el primer vicepresidente de la Cámara Baja, el independiente en la bancada del PPD Carlos Bianchi.
El parlamentario señaló que no todos los integrantes de la Cámara tienen claridad acerca de la labor que debe cumplir la instancia en el proceso y que, por ello, se encargó el reporte que, calcula, tardará al menos una semana en estar listo para ser presentado a la Sala.
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