La Moneda sufre derrota en el TC que rechaza declarar inconstitucional la reposición de servicios básicos en emergencia
Luego que el subsecretario del Interior se refiriera escuetamente a la decisión, el ministro de la Segpres, José García, señaló que se debe resolver el tema.
Por: Rodolfo Carrasco
Publicado: Martes 25 de agosto de 2026 a las 20:30 hrs.
El pleno del TC encabezado por su presidenta, María Pia Silva, resolvió el último punto pendiente de la ley de reactivación y reconstrucción. Foto: Aton Chile
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Una sorpresiva derrota sufrió el gobierno en el Tribunal Constitucional este martes. Nueve votos en contra y solo uno a favor sellaron la suerte del requerimiento presentado por el gobierno para impugnar y declarar contrario a la carta fundamental el artículo del proyecto de ley de reconstrucción que obliga a la restitución gratuita de los servicios de agua, electricidad y gas en zonas de catástrofes, en 48 horas, pese a que las personas sean morosas.
Los integrantes del pleno escucharon durante 20 minutos los argumentos del abogado Joaquín Palma, quien representó al Ejecutivo. Y sin hacer preguntas, se retiraron a deliberar.
Pasados 90 minutos, informaron que la decisión era desestimar el recurso de inconstitucionalidad que había sido suscrito por el propio Presidente José Antonio Kast, además de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; secretario general de la Presidencia, José García Ruminot; de Obras Públicas, Louis De Grange; y de Energía, Ximena Rincón.
Se trata de un duro revés para el Ejecutivo y, entre ellos, para el titular de las finanzas públicas, quien impulsó el requerimiento.
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De hecho, esta presentación ante el TC abrió un flanco en La Moneda y, en particular, con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien -pese a su cargo de jefe del gabinete- no fue informado de la acción a principios de agosto.
En su momento, trascendió que la omisión de notificar a Alvarado -responsabilidad que asumió el mandatario en persona- habría respondido a que el titular de Interior era contrario a que el Ejecutivo objetara la reposición de servicios. Esto, aunque luego dijera en público que estaba de acuerdo y que se reuniera con Quiroz para tratar de dar por superado el desencuentro.
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“Se acatan”
En La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue el primero que se refirió escuetamente al resultado en el TC: “Como procede en una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, se acatan. Lo relevante es que un tribunal desestimó una presentación del Presidente y, de acuerdo al tribunal, la norma es constitucional. Es todo lo que le corresponde comentar al gobierno”.
Más tarde fue el ministro secretario general de la Presidencia, José García, quien se limitó a señalar que “lo de servicios básicos tenemos que resolverlo, por supuesto”.
La alternativa que le queda a La Moneda es impulsar un proyecto de ley al respecto, pero con el costo mediático que implicará una medida que logró pasar la valla del TC.
De esta forma, el artículo 31 de la futura ley de reactivación y reconstrucción -promovido por diputados de la oposición- impone “a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de distribución de gas la obligación de reconectar gratuitamente y sin condición previa de pago, dentro de 48 horas desde la solicitud (24 horas tratándose de agua potable y alcantarillado), a los usuarios domiciliados en zonas de catástrofe que hubieren sido desconectados por no pago, con anterioridad o durante la vigencia de la declaración, sujeto su incumplimiento a una compensación”.
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Los reparos del Ejecutivo
El abogado Joaquín Palma, quien representó al Presidente Kast ante el pleno del TC, al momento de impugnar el artículo planteó que “al incorporar esta norma estamos introduciendo al ordenamiento jurídico un precepto que arriesga vidas”.
El profesional explicó que “se impone un plazo único de 48 horas para reconectar electricidad y gas, ignorando que, por ejemplo, la normativa que exige para el gas una verificación de las instalaciones interiores, cliente a cliente, previa a la reconexión, precisamente para evitar el riesgo de explosiones o fugas”.
En el caso de las 48 horas en momentos de catástrofes, añadió, “fuerza a las cuadrillas de trabajadores a reponer los servicios básicos bajo presión, arriesgando su propia vida e integridad, y no solo la de ellos, sino también la de las comunidades que tienen que reconectar”.
Los próximos pasos
A la espera de la sentencia, que se dará a conocer en un plazo de 10 días hábiles, el Ejecutivo deberá incorporar esta norma como parte de la ley aprobada por el Congreso y promulgar en las próximas semanas el texto en el Diario Oficial.
Para que esto último ocurra, también se esperará la sentencia del TC sobre los artículos impugnados por la oposición, que precisaron la invariabilidad tributaria y dejaron fuera del proyecto todo el articulado que incluía una restitución del Estado a los dueños de proyectos a quienes se les haya anulado o dejado sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ya aprobada. Asimismo, se eliminó la norma que permitía la relocalización de cultivos de salmones.
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