“Nosotros somos pesimistas porque esto no termina aquí”. Así explica Sergio Giaconi, gerente general de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota (Cordap), el ambiente que se vive en este momento en la zona norte del país previo al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Cordap agrupa a las entidades sociales y económicas de la zona (gremios regionales, CUT, entidades gubernamentales, federaciones de trabajadores, entre otras), por lo que es un termómetro adecuado para medir la sensación ambiente en Arica, a cinco días de la resolución que involucra una parte importante de la zona marítima de la Región de Arica y Parinacota.
A su juicio, hay temas que se perciben a nivel local y que las autoridades nacionales no han tratado lo suficiente, tal vez para no exacerbar los ánimos. Giaconi afirma que la intención de Perú es aumentar su presencia en Arica a través de algunos reductos sobre los que aún tienen soberanía. Es el caso de las casas Yanulaque y Bolognesi, que están ubicadas en sitios importantes de Arica, los que en opinión del gerente general de Cordap serían revitalizados por ese gobierno para demostrar la importancia peruana en la zona. “En Arica existen dos edificios importantes (Yanulaque y Bolognesi) y además existe un terreno de propiedad del Estado peruano en el sector de Chinchorro. Lo que ha dicho el gobierno peruano y los políticos de ese país es que van a tener mucha más presencia en Arica ahora a través de eso. Ellos están pendientes de Arica y quieren tener presencia. Esos sitios ellos los han tenido botados, pero quieren usarlo, no se sabe en qué. A eso se suma la estación de ferrocarriles, la línea férrea y el muelle que es al servicio del Perú, donde van a pedir un dragado más profundo. Siempre queda una cosa pendiente, alguna exigencia y ese es el temor nuestro”.
Giaconi agrega que “cuando se construyó el ferrocarril Arica-Tacna se les dio un terreno de 9 metros de ancho. Resulta que ahora los estándares internacionales dice que las vías férreas deben tener 15 metros y ya han anunciado que van a empezar, después de La Haya, a pedir la franja de los 15 metros como derecho peruano. Y eso afectaría en algunas zonas del bajo chinchorro a algún sector habitacional, entonces la paz en la frontera es una cosa y otra cosa es el día a día que vamos a vivir acá”.
Pérdidas económicas
El ejecutivo de Cordap afirma que ayer nuevamente los ministros de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y de Economía, Félix de Vicente, sostuvieron reuniones con el sector privado y organizaciones sociales. En ese sentido, las organizaciones insistieron con que las eventuales medidas de mitigación deben apuntar a pensionar a la gente de mayor edad que aún se desempeñe en ese rubro y a reconvertir a los trabajadores a la acuicultura.
Otro tema que se abordó fueron las pérdidas económicas que dejaría un fallo adverso. Ante ese escenario, Giaconi asegura que el único sector económico que se va a ver afectado es el pesquero, pero llama a mirar con atención el efecto que podría tener. “El impacto va a ser fuerte porque son cinco mil personas las que trabajan directamente en ese rubro y en una ciudad con fuerza de trabajo de 80 mil personas, cinco mil es mucho. Creo que si eso pasa, Corpesca (perteneciente al grupo Angelini) se va, porque la pesca industrial ya está muy disminuida respecto a los volúmenes de pesca de los otros años. Ese es el máximo temor que hay”.
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