La empresa Cencosud volvió a arremeter en el litigio que mantiene con el gobierno trasandino por el desarrollo de un millonario proyecto inmobiliario y comercial en la zona de San Isidro, Buenos Aires, en un terreno adquirido al Estado trasandino.
El gobierno del vecino país demandó a la empresa chilena y solicitó la devolución de la propiedad en cuestión, que supera las 20 hectáreas en una zona muy apetecida.
Cencosud se quedó con el inmueble luego de una licitación en 1996, cuando el grupo pagó US$ 22 millones, más US$ 4 millones para sanear el terreno que era utilizado para el tratamiento de aguas servidas.
“Un particular es presa de la desorganización y falta de acuerdos entre los distintos ámbitos estatales”.
Como parte del juicio iniciado tras una demanda de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina, organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales chileno, la empresa controlada por la familia Paulmann presentó, hace unas semanas, un informe que señala que la situación ambiental del predio donde se busca desarrollar la obra “no implica riesgos inaceptables a la población”, lo que fue objetado por el organismo público trasandino.
Ahora, la empresa cuestionó duramente a la administración pública trasandina: “Un particular es presa de la desorganización y falta de acuerdos entre los distintos ámbitos estatales; resulta por demás de injustificado que se pretenda, además, impedir al demandado mostrar en la causa todos los trabajos e inversiones realizados para el saneamiento del predio, así como el resultado de ese saneamiento para beneficio de toda la comunidad de San Isidro. Beneficio que se extiende al Estado Nacional quien desarrolló en el predio -y es responsable por- las actividades contaminantes que determinaron la necesidad de remediación”, dijo la empresa.
Y agregó: “A pesar de haber cumplido hasta donde se pudo con sus obligaciones, Cencosud todavía hoy no puede ni siquiera comenzar a construir en el predio, ya que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, impiden el desarrollo del proyecto urbanístico que determinó la compra del predio hace ya casi treinta años”.
Millonaria inversión
El terreno fue adquirido por la firma tras una licitación del gobierno trasandino. Ahí busca levantar un centro comercial y viviendas con una inversión superior a los US$ 600 millones.
En 2016, la AABE de Argentina presentó una demanda con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Estado. A su juicio, Cencosud habría incumplido una “condición esencial” del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.
Cencosud ha dicho verse impedida de concretar el proyecto, “principalmente por el dictado de normas provinciales y municipales contradictorias” para realizar un proyecto urbanístico en el paño, y cumplir así los plazos establecidos en el contrato.
A diferencia del ente argentino, la compañía sostiene que la titularidad del inmueble no se encuentra controvertida sobre la base del no cumplimiento de tareas de remediación y saneamiento, sino, únicamente, por la falta de realización del proyecto.
“A la luz de todo lo expuesto, reafirmamos aquí que Cencosud cumplió con las obligaciones a su cargo al momento de la compra del inmueble, es decir, pagó el precio resultante de la licitación pública y realizó el saneamiento ambiental que el Estado requería; gracias a la labor y las importantes inversiones efectuadas en el predio, no existe hoy riesgo alguno para los vecinos de San Isidro”, sostuvo la compañía.
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